Reclaman 3.400.000€ a una doctora tras una cirugía

Se interpuso demanda en la que se reclama a doctora y clínica, por secuelas que derivaron en una incapacidad total, un importe de 3.400.000 €. En el escrito de inicio de procedimiento, por parte del paciente se manifestaba que la doctora no había realizado la funduplicatura laparoscópica Nissen 360 grados, o que, en caso de realizarla, no se había ejecutado correctamente y que por ello tuvo que ser reintervenido.

Se interpuso una demanda a doctora y clínica por no haber realizado la funduplicatura laparoscópica

Concretamente, el perito elaborador del informe, exponía que se había diseccionado el nervio vago al liberar el esófago. Esta situación afectó al vaciamiento gástrico, y que dicha disección aparecía en el informe emitido por el doctor que reintervino al paciente.

En el acto de juicio, el doctor de la reintervención confirmó de manera clara que en su informe indicó que disecó el esófago, no el nervio vago. Además, aseguró que no comprobó que el nervio vago estuviera lesionado, por lo que no estaría afectado.

A ello, el perito que realizó el informe aportado por la defensa de la doctora demandada, expuso que existen pruebas específicas para conocer si un paciente tiene lesionado el nervio vago, las pruebas BAO MAO y el test de Holander, y que dichas pruebas no se realizaron en ningún momento, como tampoco se planteó hacer una piloroplastia o inyección de toxina botulínica en el píloro, que es el tratamiento de la gastroparesia resistente a los estimulantes del vaciamiento gástrico. Esta última cuestión plasmada en el informe del perito del paciente.

El doctor de la reintervención confirmó de manera clara que en su informe indicó que disecó el esófago, no el nervio vago

Además, se alegaba un retraso en el vaciamiento gástrico, y se manifestó por el perito del paciente que existían unas secuencias radiológicas en las que se observaba tránsito esofágico con dilatación y un paso filiforme extremadamente largo, con un estómago desfigurado y rotado por una excesiva tensión, así como un retardo ostensible del vaciamiento hacia el duodeno. Esas presuntas pruebas radiológicas no fueron aportadas, por lo que no se pudieron valorar por ninguno de los peritos.

En cambio, la gammagrafía de vaciamiento gástrico contenía datos normales, es decir, pliegues gástricos normales y vaciamiento gástrico totalmente normal. Por ello, el juez afirmó rotundamente a la vista de tales afirmaciones que no podía considerarse que el retraso en el vaciamiento gástrico, si es que lo hubo, fuera consecuencia de la sección o atrapamiento del nervio vago, consideración que sólo defendía el perito del paciente.

La gammagrafía de vaciamiento gástrico contenía datos normales,

Continuando con el análisis del informe del perito del paciente por parte del juez, se hablaba de ligadura de vasos cortos como realizada por el doctor que reinterviene. Este doctor, aclaró que se ligaron vasos cortos porque se realiza en la reintervención y no porque la doctora demandada lo hubiera omitido. Asimismo, aclaró que en la reintervención se indicó la apertura de pilares y no la aproximación como se exponía en el dictamen pericial del demandante.

A ello, el perito de la doctora añadió que el cierre de los pilares solo debe hacerse cuando se constata un orificio hiatal especialmente dilatado, pues el cierre exagerado del hiato es la causa de la mayor parte de las estenosis esofágicas que darán como consecuencia una disfagia a ese nivel.

El doctor que realizó la reintervención dejó claro en su testifical igualmente que él sí había visto realizada la funduplicatura Nissen 360 grados, que no era parcial, no estaba tensa, estaba indicada y era correcta. Simplemente había manifestado que estaba incompleta porque la misma no ajustaba y por ello se tuvo que reintervenir.

La funduplicatura estaba indicada y era correcta

Seguía la sentencia relatando que en el juicio fue objeto de especial controversia si el actor había padecido desnutrición. No consta, sin embargo, que durante el periodo en que estuvo ingresado no hubiera podido tragar. El propio paciente refiere en un informe haber adelgazado por un síndrome de Barret posiblemente iatrogénico, y en otro informe que no ingería alimentos por saciedad precoz. Por ello, se confirmaba que dicha desnutrición no pudo provenir de la cirugía realizada por la doctora, sino por el reflujo.

A lo anterior se une que la única relación entre el esófago de Barret y la primera intervención solamente aparece en un informe de otra doctora que testificó en el juicio y confirmó que no era especialista en aparato digestivo y que lo que plasmó en su informe se debía a una suposición sobre las secuelas que aparecieron después de la operación, pero no en datos objetivos de la especialidad.

El esófago de Barret, ya estaba desde la primera cirugía

El doctor que reintervino al paciente dejó constancia en el acto de juicio que él consideraba que el esófago de Barret, ya estaba desde la primera cirugía, lo que no pudo darse en los meses transcurridos de una intervención a otra.

Por tanto, a la vista de las pruebas practicadas y los documentos aportados al procedimiento, se podía observar cómo el relato de hechos de los peritos distaba mucho uno de otro. Mientras el perito del demandante no se basaba en datos objetivos, el perito de la doctora y el de la clínica, utilizaban los documentos aportados al procedimiento, pero sobre todo fue importante el relato realizado por el doctor que reintervino a la paciente, que dejó constancia del buen hacer en la técnica ya que fue el que vio cómo se realizó, y por tanto, el surgimiento de un riesgo posible de esta.

Por ello, se entendía que la doctora había actuado correctamente en cuanto a la técnica, pero finalmente se decidió por el juez imponer una condena de 15.000 € por falta de información. Aunque se le había proporcionado al paciente el consentimiento informado, en este no se contenía el riesgo de disfagia postoperatoria o el de que existían posibilidades de que la fundiplucatura podía terminar no siendo competente, como ocurrió, y tener que someterse a una nueva intervención por no solucionar el problema del reflujo.

 

Galicia multará a aquellos ciudadanos que no quieran vacunarse

El parlamento gallego anunció que multará a aquellos ciudadanos que no quieran vacunarse sin justificación aparente. La ministra de Sanidad, Carolina Darias se ha referido a la reforma de Ley de Salud del parlamento gallego, con respecto a la obligatoriedad de vacunarse contra la Covid-19. “Tenemos que estar a lo que digan los informes jurídicos. Podemos estar ante una posible limitación de derechos fundamentales”, ha señalado la ministra.

Carolina Darias: «Tenemos que estar a lo que digan los informes jurídicos. Podemos estar ante una posible limitación de derechos fundamentales»

No obstante, recibir la vacuna es voluntario, incluso para el personal sanitario, pero en menores e incapaces la cosa cambia. En caso de negarse los padres o tutores, los juzgados están resolviendo a favor del interés del menor e incapaz imponiendo la vacunación.

El artículo 9 de la Ley 41/2002 de Autonomía del paciente, pone en una balanza la patria potestad y en otra el mayor beneficio del menor o el incapaz. Los antecedentes judiciales son claros y en caso de duda se impone la vacuna.

En este caso, en el que se ha impuesto la obligatoriedad de la vacunación existen mecanismos legales que pueden sustentar esta decisión. La Ley 22/1980 que preveía que vacunas contra la viruela, la difteria y otras infecciones pudieran ser obligatorias o la Ley 3/1986 de Medidas Especiales que consagra que las autoridades pueden tomar las medidas necesarias para preservar la salud pública.

La Ley 22/1980 o la Ley 3/1986 de Medidas Especiales podrían contemplar la obligatoriedad de la vacunación.

Por tanto, el texto que ha firmado los diputados del Partido Popular gallego podrá tener validez legal. El documento recoge tres tipos de multas: leves (1000€ – 3000€), graves (3001€ – 60.000€) y muy graves (60.001€ – 600.000€). En este sentido, la negativa a vacunarse se catalogaría dentro del apartado de “infracciones graves”. Según la norma se sancionaría la negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

El hecho de no ponerse la vacuna contra la Covid-19 en Galicia podría acarrear multas de entre 3.001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave «, como podría ser el caso de un profesional sanitario que incumpliese una cuarentena. En ese caso el importe de la sanción se incrementaría desde los 60.001€ hasta los 600.000€.

Esta medida de obligatoriedad de vacunación es una medida pionera en España, que no había defendido ninguna institución hasta el momento. Desde Uniteco, pedimos que se impongan los criterios sanitarios para poder hacer frente y superar cuanto antes la pandemia provocada por la Covid-19. Sea o no, obligatoria la vacuna, debemos anteponer los intereses generales antes de los individuales para poder hacer frente a esta situación de la mejor manera posible. Por ello, pedimos el seguimiento en todo momento de criterios que busquen preservar la salud general por encima de cualquier otro interés.

Artículos relacionados:

¿Pueden los menores de edad participar en un ensayo clínico?

La Universidad de Oxford ha iniciado el primer ensayo clínico en menores de edad de la vacuna contra la Covid-19 con el objetivo de evaluar su eficacia y seguridad en este tramo de población, en el que participaron 300 jóvenes de edades comprendidas entre 6 y 17 años. Asimismo, las compañías farmacéuticas Moderna y Pfizer llevan tiempo reclutando jóvenes voluntarios para someterse a mediados del presente año a los ensayos clínicos correspondientes a las fases 2 y 3, alcanzando cada compañía más de 3.000 voluntarios menores de edad.

La Universidad de Oxford ha iniciado el primer ensayo clínico de la vacuna contra la Covid-19 en menores de edad

La participación de menores de edad en ensayos clínicos no es nada nuevo. Actualmente, solo en España, existen más de 100 ensayos clínicos en curso. La mayoría de ellos relacionados con enfermedades raras y alguno con vacunas en participantes sanos.
El Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamento y el Registro Español de Estudios Clínicos supone la norma de obligado cumplimiento en la realización de los ensayos clínicos en nuestro país. En relación con los menores de edad se requiere que los padres otorguen su consentimiento, si bien se exige que el menor sea informado de modo adaptado a su edad y madurez legal, según el Reglamento Europeo por los investigadores o miembros del equipo de investigación con formación o experiencia en el trato con menores.
En los casos en que no sea preceptivo el consentimiento del menor, su negativa a participar si tendrá plena eficacia y validez, no olvidemos que, la opinión del participante siempre se tendrá en cuenta, aunque no pueda otorgar consentimiento informado.

En el caso de los jóvenes mayores de 12 años, deberán otorgar su consentimiento informado. En cambio, en aquellos que alcanzarán la edad legal para prestar su consentimiento en el transcurso del ensayo clínico se recogerá dicho consentimiento para que pueda continuar con su participación en el ensayo. El Real Decreto obliga igualmente al investigador a respetar el deseo de cualquier participante menor de edad que solicite retirarse de la investigación, del ensayo en curso.

En España hay más de 100 ensayos clínicos en curso con menores de edad, la mayoría para enfermedades raras

La regulación española no se pronuncia sobre el pago por el ensayo con menores de edad. Por lo que, debemos acogernos a lo estipulado por el Reglamento Europeo que, si bien no permite un pago económico por la participación del ensayo, si se permite cierta compensación económica acorde a los gastos originados consecuencia de la referida participación.

En la actualidad, no existe ningún plan de vacunación en niños, si bien, teniendo en cuenta los vaivenes actuales. En cuanto al curso de la pandemia, desde DS Legal Group se adelantan al estudio y adaptación de la oportuna de la evaluación de riesgos y de asesoramiento, contando con especialistas en materia de ensayos clínicos.

Artículos complementarios:

Reclama 60.000€ de indemnización por daños causados durante una cirugía

En la Sentencia analizada, trataremos una reclamación derivada de una supuesta negligencia médica basada en unos daños causados al paciente durante una cirugía. En esta intervención se le produjo una luxación irreductible en la articulación temporomandibular.

El paciente manifestaba que tras acudir a la primera consulta odontológica presentaba fuertes dolores en la articulación temporomandibular que le impedían la masticación. Como consecuencia, de la colocación de implantes para después realizar un tratamiento protésico de rehabilitación mediante puentes, el paciente precisó de tratamiento medicamentoso con relajantes y calmantes ante la situación de malestar generada por los fuertes dolores en la mandíbula, llegando incluso al servicio de salud mental del hospital.

El paciente presentaba dolores en la articulación temporomandibular por lo que necesitó de tratamiento medicamentoso

Tras esta situación, el paciente acudió a otras clínicas dentales donde le recomendaron la extracción de las cuatro muelas del juicio y la retirada de los implantes, a lo que el paciente finalmente decidió someterse. Por ello el paciente solicitaba una indemnización que ascendía a más de 60.000€.

Por parte de la defensa del Doctor demandado, alegó las patologías previas del paciente, especialmente los problemas de articulación temporomandibular y sus problemas psiquiátricos, que tenían lugar desde antes de la realización del tratamiento odontológico. Además, se puso de manifiesto que el estado bucodental del paciente no era adecuado ni correcto. De hecho, el tratamiento tenía una finalidad funcional y, por ende, no estética. Asimismo, en el cuestionario de salud que firmó el paciente antes de iniciar su tratamiento odontológico, dejó referido que padecía un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo. A mayor abundamiento, se aportó el Consentimiento Informado, que recogía además de la técnica realizada, las complicaciones inherentes y derivadas del tratamiento, tales como problemas de adaptación a la prótesis.

La intervención se desarrolló correctamente y durante la fase de seguimiento y tratamiento de esta, el paciente decidió abandonar el tratamiento, para ponerse en manos de otra clínica con la consecuente interrupción del nexo causal.

La intervención se realizó correctamente y durante la fase de seguimiento el paciente decidió abandonar el tratamiento

El Juez, determinó en su Sentencia, que el médico en su ejercicio profesional es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente, poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eficaces en todo acto o tratamiento que decide llevar a cabo. Siempre y cuando, sean generalmente aceptados por la Ciencia médica o susceptibles de discusión científica. De acuerdo, con los riesgos inherentes al acto médico que practica en cuanto está comprometido una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico que tiene como destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la salud del paciente. De la misma manera, se expuso en la Sentencia que la representación del paciente no probó que la actuación del demandado fuera negligente, ni se probó que no actuara conforme al protocolo.

Al margen de lo anterior, quedó probado que el paciente fue informado adecuadamente de los procedimientos a los que se iba a someter. El estado bucodental previo era patológico y tratado mediante prótesis previa, asimismo, se llevó un adecuado seguimiento en consulta, intentando el doctor mejorar la situación oclusal del paciente mediante el ajuste de las coronas. De hecho, en la última consulta le retocan la articulación, tal y como recomiendan desde el Hospital. Sin embargo, el paciente no acude posteriormente a las consultas, ya que decide de forma unilateral continuar el tratamiento desde otra consulta.

El paciente fue informado adecuadamente de los procedimientos a los que se iba a someter

Consecuentemente, el Juez establece que al no haberse acreditado ninguna negligencia médica no ha lugar a la indemnización pretendida por la paciente, ascendente a más de 60.000€, condenando en costas a la parte actora y absolviendo al doctor de todos los pedimentos de la demanda.

Artículos relacionados:

La Covid-19 reconocida como enfermedad profesional

La Covid-19 ha sido reconocida como enfermedad profesional para todo el personal sanitario y sociosanitario. Así se ha acordado como parte de un Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo de Ministros, tal y como ha apuntado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La medida continua con el reconocimiento del Gobierno con los profesionales sanitarios, que ya anteriormente consideró la Covid-19 como accidente laboral.

Anteriormente el Gobierno ya había considerado la Covid-19 como accidente laboral

De esta manera, el ministro se ha referido a aquellos profesionales sanitarios y sociosanitarios que han contraído Covid-19 en el ejercicio de su profesión. “Ello va a permitir, en determinadas circunstancias, una mayor protección”, ha sentenciado. Por ejemplo, se ha precisado que se incluyen también las “posibles secuelas”.

Asimismo, la declaración de la Covid-19 como enfermedad profesional atañe al amplio espectro del que se compone el personal sociosanitario. Es decir, también afecta aceladores y otros trabajadores que desempeñan su labor en la sanidad, según ha especificado el ministro.

No obstante, tal y como pudo declarar en la rueda de prensa el titular del Ejecutivo, la norma excluye a trabajadores de limpieza o mantenimiento si su contratación se hace por medio de contratas, aunque trabajen en un centro sociosanitario.

La medida, según ha deslizado el Gobierno, tendrá carácter retroactivo. En este sentido, esta condición será reconocida en aquellos que contrajeron el virus desde que la OMS elevó la alerta al nivel de pandemia y su vigencia durará “hasta el fin de todas las medidas de prevención”.

La medida tendrá carácter retroactivo, de modo que contempla a todos los profesionales que contrajeron el virus desde que la OMS declaró la pandemia

Es decir, un sanitario tendrá cobertura para la Seguridad Social si mañana o dentro de diez años contrae una enfermedad derivada de este contagio que se produjo desde la declaración de la pandemia internacional por la OMS y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención contra el Covid-19.

Sin embargo, en el caso de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo únicamente se tiene una cobertura durante los cinco años posteriores al contagio. Además, el reconocimiento de la enfermedad profesional amplía la protección de los trabajadores a efectos de pensiones o indemnizaciones a lo largo de toda la vida, si la enfermedad provoca secuelas o muerte.

Al mismo tiempo, Escrivá ha anunciado que los trabajadores sanitarios jubilados van a poder compatibilizar, de manera extraordinaria, su actividad laboral con su jubilación.

En este sentido, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) acogió en principio “con satisfacción” su avance como el logro de la consecución de una de sus peticiones más insistentes durante la pandemia. En este sentido, la organización alegaba que no era suficiente la consideración como accidente de trabajo, una reclamación a la que posteriormente se fueron sumando diferentes organizaciones.

Las CESM ve con satisfacción está consideración, ya que consideraba insuficiente la consideración de accidente laboral

No obstante, la Confederación no considera respondidas sus demandas a este respecto, ha señalado que únicamente se ha aprobado esta consideración a los contagiados durante el período que media entre la declaración de la pandemia a nivel internacional y el cese de las medidas para combatirla.

El SARS-CoV-2 puede mantenerse como una enfermedad prevalente en el futuro, manifestándose también una vez superada la fase pandémica”, han subrayado. Así las cosas, han reclamado una mayor cobertura para los profesionales por su puesto en primera línea. “Demandamos que la Covid-19 sea incorporada al catálogo de enfermedades profesionales de las del RD 1299/2006 para el personal sanitario”.

Por otro lado, y aunque se ha reconocido la mejora de la situación con esta nueva norma, Cesm ha lamentado también que no se haya facilitado el mismo tratamiento para la consideración de profesión de riesgo para los médicos.

Desde Uniteco consideramos necesario está consideración de la Covid-19 para asentar la seguridad de los profesionales en el ejercicio de su actividad, pero aún faltan camino que recorrer. Es incomprensible, que para los profesionales que ejercen la atención domiciliaria no se contemple un posible contagio en una visita médica como enfermedad profesional. Por ello, nuestro seguro de vida, en caso de infortunio, te ofrece una cobertura acorde a tu situación personal, para que tu nivel de vida no se resienta garantizando los gastos que dejas de percibir.

Artículos complementarios: