Se presentó una reclamación de daños y perjuicios tras una intervención para la extirpación de amígdalas en la que fue afectada la úvula, el paladar blando y los pilares, sufriendo tras ello numerosas patologías. La paciente alegó que no recibió consentimiento informado, sino una simple información verbal. La intervención se realizó por una doctora y el pre y postoperatorio corrió a cargo de otro doctor.

Seis días después de la operación, acudió a urgencias por disfagia, otalgia y revisión. Se le prescribió tratamiento y días más tarde se le diagnosticó una insuficiencia velo palatina. Después de varias revisiones, se emitió un informe psicológico en el que se diagnosticó un trastorno de ansiedad severo que limitaba sus actividades cotidianas, así como desarrollar su actividad profesional.

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En la sentencia de esta semana analizamos un procedimiento civil iniciado por un paciente de 65 años de edad, en la que reclamó la cantidad de 120.000 euros. Esta cuantía se basó en una supuesta responsabilidad por parte de un traumatólogo al infligir daño durante una intervención; una artroplastia total de cadera izquierda.

La paciente estableció en la demanda que, con anterioridad a la intervención celebrada, podía valerse por sí misma de manera independiente y con capacidad de movilidad, exponiendo en este sentido que si consintió la operación fue porque el doctor demandado le garantizó que con ello resolvería su dolencia de cadera y mejoraría su calidad de vida.

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