¿Qué daños causados por la nevada puedo reclamar?

El viernes 8 de enero de 2021 comenzó en el centro de España un temporal de nieve con una intensidad que no se recordaba desde hacía muchas décadas, y que días después se fue desplazando a lo largo de la geografía española. 

El temporal Filomena ha causado grandes daños debido a las copiosas nevadas que han asolado España 

Muchos no tuvieron más remedio que dejar abandonados sus vehículos cuando llegó la borrasca, ya que la circulación, desde su inicio, se hizo totalmente imposible. Tras una noche nevando sin parar, las ciudades se encontraban pintadas de blanco y con capas de espesor que, en algunas zonas, alcanzaban más de cincuenta centímetros. Del mismo modo, vehículos, azoteas y balcones se encontraban sepultados por la nieve. Siguió nevando hasta la tarde del sábado. 

Una vez finalizada la nevada, se hace necesario analizar los posibles daños que Filomena, nombre otorgado por la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), ha dejado a su paso. Árboles que, por el peso, se derrumbaron sobre vehículos, ingentes cantidades de nieve caída desde cornisas y tejados o, en casos menos trascendentes, humedades en pisos superiores de edificios, derivadas de filtraciones. 

La preocupación de la población por tales daños ha comenzado a aumentar, entendiendo por ello necesario realizar un análisis jurídico sobre el tipo de daños y las posibles pólizas de las que puede derivar algún tipo de cobertura. Ante una nevada de estas características, podría pensarse que, el Consorcio de Compensación de Seguros, organismo que actúa como aseguradora ‘pública’ en casos de daños extraordinarios, podría cubrir los derivados de tan magna borrasca. 

Los daños causados por las nevadas no se encuentran incluidos en la relación de riesgos extraordinarios indemnizables 

Pues bien, este organismo emitió una nota el pasado 11 de enero en la que dejaba claro que los daños causados por las nevadas no se encuentran incluidos en la relación de riesgos extraordinarios que indemniza, y que sólo se podrá acudir a él para los casos de inundaciones por deshielo posterior con anegamiento del terreno, o vientos con rachas superiores a 120 Km/h. En cambio, no contempla las filtraciones de agua de deshielo. 

Así las cosas, el afectado, al menos por el momento y a la espera de ver si cambia dicha decisión, tendrá que acudir a su aseguradora para conocer los efectos que puede desplegar la póliza que tenga contratada. Independientemente de la idiosincrasia de cada caso, a continuación se exponen algunas casuísticas sobre a qué aseguradora acudir en ciertos supuestos. 

En el caso de las pólizas de vehículos, el artículo 2 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor estipula que, todo propietario o usuario acreditado de un vehículo, con estacionamiento habitual en España, tiene la obligación de asegurarse, al menos, con un seguro a terceros. 

En ese caso, el seguro únicamente cubrirá el traslado del vehículo al taller, donde serán reparados los daños, ya que, la póliza, no cubre daños propios. En caso de coberturas adicionales, habrá que analizar las mismas por si, como anexo, se ha suscrito, por ejemplo, una cobertura de daños en lunas. Al contrario, el asegurado que tenga contratado un seguro a todo riesgo, obviamente, tendrá cubiertos todos los daños. 

El afectado tendrá que acudir a su aseguradora para conocer los efectos que puede desplegar la póliza que tenga contratada 

Sobre el seguro de multirriesgo, el perjudicado tendrá que analizar, como siempre en estos casos, el origen del daño y, a partir de ahí, será su seguro el que le cubra el siniestro, o el de su comunidad de propietarios, si el daño se debe a un elemento común, que ha sido el que se lo ha causado. 

A modo de ejemplo, si la filtración se debe a la acumulación de agua de deshielo por una falta de impermeabilización útil de la terraza comunitaria, la entidad aseguradora que cubrirá los daños será la de la comunidad de propietarios; o, la propia comunidad, para el caso de que el daño sea debido a una falta de mantenimiento del elemento común, en ese caso, la terraza. 

En cambio, si el daño que pudiera tener la vivienda se debe a un elemento privativo que haya podido tener un perjuicio a causa del temporal, será la compañía aseguradora del usuario de la vivienda, la que lo cubra. 

DS Legal Group le asesorará y le ayudará a encontrar la mejor de las soluciones sobre las posibles problemáticas que puedan surgirle 

Obviamente, como en el caso anterior y, una vez que el Consorcio de Compensación de Seguros se ha posicionado en contra de la nieve como riesgo extraordinario, este análisis sirve para todos los casos. 

No obstante lo anterior, como ya se anticipaba, será necesario analizar, supuesto a supuesto, de manera individualizada, realizando un estudio pormenorizado del contrato de seguro suscrito para la mejor toma de decisiones. 

En DS Legal Group ponemos a su disposición un grupo de expertos en Derecho del Seguro que le asesorará y le ayudará a encontrar la mejor de las soluciones sobre las problemáticas que puedan surgirle sobre aseguramiento por los daños derivados de la gran nevada. 

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La Ley de Seguridad del Paciente es respaldada por el Congreso de Diputados

El pasado 15 de diciembre se aprobó la Ley de Seguridad del Paciente, tras el respaldo mayoritario del Pleno del Congreso de Diputados. Esta ley está impulsada por los ciudadanos y diversas asociaciones profesionales de enfermeros.

España se convierte en el primer país europeo que aprueba una ley de Seguridad del Paciente

De esta manera, España podría convertirse en el primer país de Europa al garantizar la seguridad de la atención sanitaria al usuario, al establecer una asignación máxima de pacientes por cada enfermero en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios o sociosanitarios. De esta manera, España no solo estaría a la vanguardia en este aspecto en el plano continental, si no también en el mundial.

La propuesta ha sido apoyada por más de 700.000 firmas. Lo que permitirá tratar uno de los mayores problemas del sistema sanitario actual, de hecho, el déficit del sistema sanitario ha quedado en mayor evidencia durante la crisis de la Covid-19. Ya con anterioridad a la pandemia, en la gran mayoría de nuestros hospitales, solo había un enfermero para cada 15 – 20 pacientes y, en los centros de salud, la asignación paciente/enfermero, normalmente era superior a 1.800 personas por cada profesional.

El proyecto de ley actual establece que, en los hospitales solo se podrá asignar un máximo de seis-ocho pacientes por cada enfermero y, en los centros de salud, nunca se podrá asignar una población superior de 1.500 habitantes por cada profesional, para el bienestar de todos.

El proyecto de ley actual establece que, en los hospitales solo se podrá asignar un máximo de seis – ocho pacientes por cada enfermero

De este modo, se pone en evidencia la trascendencia de los enfermeros en la garantía de seguridad y salud futura de la población. Además, a través de esta ley, los profesionales podrán realizar su trabajo en condiciones idóneas, evitando de tal manera situaciones de tensión y sobrecarga.

En definitiva, la Ley de Seguridad del paciente continuará su tramitación parlamentaria en la Comisión de Sanidad, iniciando un periodo en el que se presentarán enmiendas con la intención de alcanzar una base común. Asimismo, mejorar la norma hasta su aprobación definitiva en el Pleno de Congreso y, posteriormente en el Senado, convirtiéndose España en un referente mundial en sanidad.

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Protocolo ante la negativa de un paciente a una prueba Covid

Aunque las esperanzas de todo el planeta están puestas en la vacuna, momento que no parece estar muy lejano, debemos seguir centrando nuestros esfuerzos en la detección precoz de los contagios, con el único objetivo común de controlar la pandemia que convive con nosotros desde hace prácticamente un año.  

Hasta ahora, la forma más eficaz de detección de casos de Covid-19 ha sido la realización de pruebas diagnósticas, como las PCR o las pruebas de antígenos, las cuales, diariamente, realizan los profesionales sanitarios a la población sospechosa de haber contraído la enfermedad.  

A pesar de la llegada de las vacunas, hay que seguir centrando los esfuerzos en la detección precoz del Covid 

Si bien es cierto que, en la práctica, no se suelen dar problemas de consentimiento por parte de los pacientes con frecuencia, un pequeño porcentaje de la población, pese a tener síntomas o haber estado expuesta al virus, se niega a realizar la prueba diagnóstica, basándose en los derechos de los pacientes que se contienen tanto en la Ley General de Salud como en la ley que regula los derechos de las personas usuarias del servicio de Salud.  

A raíz de esto, puede surgir la duda de si una persona sospechosa de haber contraído Covid tiene o no la obligación de someterse a la prueba diagnóstica de esta enfermedad.  

El artículo 24 del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de junio determina que: “Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria de salud, a todo caso sospechosos de Covid-19, se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por la autoridad sanitaria competente”.  

Sin embargo, habría también que tener en cuenta, por un lado, el derecho de los pacientes recogido en la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.   

De hecho, en su artículo 2.4 recoge que todo paciente tiene derecho a “negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”.  De otra parte, la protección de la salud general es de interés público, tal y como se desprende del título preliminar de la Ley General de Salud.  

El artículo 2.4 recoge que todo paciente tiene derecho a «negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley» 

A pesar de todo, sigue surgiendo la duda de si realmente se trata o no de una obligación y no de una decisión autónoma de cada individuo. Sin embargo, la labor de cualquier profesional sanitario no es la de obligar a los ciudadanos a realizar determinadas actuaciones, por lo que no se puede obligar a un enfermo a someterse al tratamiento que corresponda y tampoco se puede obligar a la persona sospechosa de haber contraído el Covid, a someterse a dicha prueba.  

Es por ello que, lo que los profesionales deben hacer en estos casos, es tomar los datos de aquellos pacientes que muestren su negativa, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes esta situación, para que sean ellos quienes tomen las medidas oportunas.  

En este sentido, cabe mencionar que en este contexto, un Juez ha dictado un Auto por el cual fuerza a un interno de una residencia de ancianos a someterse a la prueba, aludiendo que el comportamiento del residente “compromete su propia salud y la del resto de residentes, trabajadores o visitantes del centro (…), siendo público y notoria la perentoriedad en la realización de las pruebas diagnósticas del virus a fin de combatir la propagación incontrolada de aquel, particularmente en un centro de mayores”.  

Los profesionales deben de tomar los datos de aquellos pacientes que muestran su negativa, poniendo en conocimiento a las autoridades competentes  

Aunque los profesionales sanitarios no tengan competencias para obligar a la población a someterse a las pruebas de detección, su labor informativa es muy importante para que las autoridades competentes tomen las medidas oportunas de cara a imponer la obligatoriedad de estos tests o a sancionar a aquellos que se nieguen a su realización. Todo ello, por el bien común.  

 

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Una nueva esperanza para los trabajadores interinos de las administraciones públicas

Desde que la Unión Europea aprobara el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP por el que se pretendía evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada miles de interinos en España afectados por contrataciones temporales abusivas, entre ellos muchos trabajadores sanitarios, iniciaron diferentes procedimientos judiciales con el fin de que sus derechos se vieran reconocidos.

Las autoridades españolas continuaban negando la existencia de contrataciones temporales abusivas en España

A pesar de ello, las autoridades españolas continuaban negando la existencia de contrataciones temporales abusivas en nuestro país, sosteniendo que los nombramientos del personal temporal en el Sector Público estaban amparados por la normativa española.

De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a través de su reciente Sentencia de 19 de marzo de 2020, ha acabado con este argumento aduciendo que son contrataciones temporales abusivas y contrarias al Acuerdo Marco todas aquellas en las que se destina a empleados públicos temporales a atender necesidades que son ordinarias, estables y permanentes, cubriendo el empleador con personal temporal sus necesidades estructurales en materia de personal, al no disponer de suficientes funcionarios fijos o de carrera.

Tras esta Sentencia del TJUE ha sido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante el primero en aplicar lo sostenido por la Jurisprudencia y Normativa Europea a través de su Sentencia de 8 de junio de 2020.

El TJUE ha concluido que el empleo interino ininterrumpido concurre en un abuso de la contratación temporal

En efecto, la Magistrada ante el caso de una trabajadora del Ayuntamiento de Alicante que venía encadenando contratos como funcionaria interina de manera ininterrumpida durante más de 13 años, recoge el relevo y aplica los parámetros de la Sentencia Europea para concluir que concurre abuso de la contratación temporal.

Por ello, la Jueza establece que la mejor forma para dar cumplimiento a la normativa europea y garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo de manera definitiva es la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija. Todo ello con el fin de disuadir a las Administraciones Públicas a que continúen abusando de la contratación temporal. Forzándolas a que convoquen procesos selectivos con la periodicidad necesaria para proveer las plazas vacantes, y se compense adecuadamente a los funcionarios temporales a través de esta sanción.

De esta forma, y a pesar de que esta Sentencia puede ser recurrida por la Administración, se abren las puertas a miles de interinos sanitarios, que pueden ver reconocidos sus derechos en el caso de que los Tribunales españoles continúen la senda iniciada por el Juzgado de Alicante.

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Te ayudamos a conocer los derechos salariales en caso de impago

Con motivo de la actual crisis económico-sanitaria que atraviesa nuestro país, derivada de la situación de pandemia, han surgido multitud de casos de incumplimiento contractual, por parte de los empleadores, a la hora de liquidar y abonar la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo, esto es, el salario.

Es importante que los trabajadores conozcan la legislación básica que afecta a las percepciones económicas de los trabajadores

Ante esta situación, es importante que los trabajadores conozcan la legislación básica que afecta a esta materia, sin perjuicio de que, dependiendo de los casos, pueda ser ampliada de forma individual en los convenios colectivos de las empresas.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 29, regula la liquidación y pago del salario.

Es importante tener en cuenta los pasos que hay que seguir para reclamar cualquier concepto salarial que no haya sido abonado, en el entendimiento de que se considera incumplimiento a partir del primer mes.

La reclamación se inicia, siempre dentro del plazo de un año desde que se produce el impago, con la preceptiva papeleta de conciliación ante los Servicios de Mediación competentes, y dicha cantidad se verá incrementada en un 10% correspondiente a intereses de demora recogidos en nuestra legislación y cuyo criterio de aplicación en las deudas laborales quedó unificado por la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 17 de junio de 2014 (recurso número 1315/2013).

Hay que tener en cuenta los pasos que hay que seguir para reclamar cualquier concepto salarial que no haya sido abonado

Cumplido y celebrado este acto de conciliación previa sin acuerdo de las partes, el procedimiento continuaría en vía judicial, siguiendo los trámites del procedimiento ordinario de reclamación de cantidad regulado en los arts. 80 y ss. de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Además de lo anterior, en el supuesto de impagos superiores a 6 meses de salario, el trabajador puede optar por iniciar una acción de reclamación por incumplimiento empresarial en cuyo caso procedería la resolución del contrato de trabajo con una indemnización equivalente al a preceptuada en los casos de despido improcedente.

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