Reclama 60.000€ de indemnización por daños causados durante una cirugía

En la Sentencia analizada, trataremos una reclamación derivada de una supuesta negligencia médica basada en unos daños causados al paciente durante una cirugía. En esta intervención se le produjo una luxación irreductible en la articulación temporomandibular.

El paciente manifestaba que tras acudir a la primera consulta odontológica presentaba fuertes dolores en la articulación temporomandibular que le impedían la masticación. Como consecuencia, de la colocación de implantes para después realizar un tratamiento protésico de rehabilitación mediante puentes, el paciente precisó de tratamiento medicamentoso con relajantes y calmantes ante la situación de malestar generada por los fuertes dolores en la mandíbula, llegando incluso al servicio de salud mental del hospital.

El paciente presentaba dolores en la articulación temporomandibular por lo que necesitó de tratamiento medicamentoso

Tras esta situación, el paciente acudió a otras clínicas dentales donde le recomendaron la extracción de las cuatro muelas del juicio y la retirada de los implantes, a lo que el paciente finalmente decidió someterse. Por ello el paciente solicitaba una indemnización que ascendía a más de 60.000€.

Por parte de la defensa del Doctor demandado, alegó las patologías previas del paciente, especialmente los problemas de articulación temporomandibular y sus problemas psiquiátricos, que tenían lugar desde antes de la realización del tratamiento odontológico. Además, se puso de manifiesto que el estado bucodental del paciente no era adecuado ni correcto. De hecho, el tratamiento tenía una finalidad funcional y, por ende, no estética. Asimismo, en el cuestionario de salud que firmó el paciente antes de iniciar su tratamiento odontológico, dejó referido que padecía un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo. A mayor abundamiento, se aportó el Consentimiento Informado, que recogía además de la técnica realizada, las complicaciones inherentes y derivadas del tratamiento, tales como problemas de adaptación a la prótesis.

La intervención se desarrolló correctamente y durante la fase de seguimiento y tratamiento de esta, el paciente decidió abandonar el tratamiento, para ponerse en manos de otra clínica con la consecuente interrupción del nexo causal.

La intervención se realizó correctamente y durante la fase de seguimiento el paciente decidió abandonar el tratamiento

El Juez, determinó en su Sentencia, que el médico en su ejercicio profesional es libre para escoger la solución más beneficiosa para el bienestar del paciente, poniendo a su alcance los recursos que le parezcan más eficaces en todo acto o tratamiento que decide llevar a cabo. Siempre y cuando, sean generalmente aceptados por la Ciencia médica o susceptibles de discusión científica. De acuerdo, con los riesgos inherentes al acto médico que practica en cuanto está comprometido una obligación de medios en la consecución de un diagnóstico que tiene como destinatario la vida, la integridad humana y la preservación de la salud del paciente. De la misma manera, se expuso en la Sentencia que la representación del paciente no probó que la actuación del demandado fuera negligente, ni se probó que no actuara conforme al protocolo.

Al margen de lo anterior, quedó probado que el paciente fue informado adecuadamente de los procedimientos a los que se iba a someter. El estado bucodental previo era patológico y tratado mediante prótesis previa, asimismo, se llevó un adecuado seguimiento en consulta, intentando el doctor mejorar la situación oclusal del paciente mediante el ajuste de las coronas. De hecho, en la última consulta le retocan la articulación, tal y como recomiendan desde el Hospital. Sin embargo, el paciente no acude posteriormente a las consultas, ya que decide de forma unilateral continuar el tratamiento desde otra consulta.

El paciente fue informado adecuadamente de los procedimientos a los que se iba a someter

Consecuentemente, el Juez establece que al no haberse acreditado ninguna negligencia médica no ha lugar a la indemnización pretendida por la paciente, ascendente a más de 60.000€, condenando en costas a la parte actora y absolviendo al doctor de todos los pedimentos de la demanda.

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Facultativo condenado tras una intervención estética capilar

Análisis de sentencia interpuesta por paciente con motivo de la práctica de una operación de cirugía estéticaLa demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia, condenando a la parte demandante en costas. Frente a ello, se interpuso recurso de apelación en la Audiencia Provincial, resolviéndose con la condena a la parte demandada al abono de la cuantía exigida por el paciente. 

El facultativo es condenado en segunda instancia tras una intervención estética capilar tras provocar al paciente necrosis a nivel occipital con pérdida de cabello.

La fundamentación del recurso se ampara en un error en la valoración probatoria efectuada en la primera instancia, con efecto en tres elementos a considerar fundamentales: El cumplimiento del deber de información para/con el paciente; lejecución de la técnica quirúrgica empleada. Sobre ello, se subraya las incisiones realizadas al paciente y su daño a la galea aponeurótica, y una posible valoración incompleta de la prueba documental. 

En la sentencia antecesora, respecto a los puntos de interés arriba referenciados, se consideró queNo se produjo una transgresión del deber profesionalEl paciente fue informado de la operación, sus alternativas, así como sus inherentes riesgos. No hubo una infracción de la lex artis ad hoc. El Juzgado de Primera Instancia entendió, ciñéndose a diversas sentencias del Tribunal Supremo (en recursos de Casación), que un mal resultado no es suficiente para la imposición de una culpa y posterior condena.  Asimismo, se valoró una correcta y detallada información al paciente sobre los riesgos. Como la pérdida del cabello detrás de la incisión, posibles cicatrices o retraso en las mismas, así como un resultado insatisfactorio. Y, por último, se observó que no se produjo error en su empleo. Se consideró en la demanda la producción de un daño adicional provocado en las arterias occipitales, al desplegar el colgajo o en la práctica de una incisión demasiado profunda. Sobre estas incisiones se valoró una posible actuación comprometida en referencia dos ramas de la arteria temporal. 

En la sentencia antecesora se consideró que no se produjo una transgresión del deber profesional

Sin embargo, frente al criterio del Tribunal de primera instancia, la Audiencia Provincial entendió que, el error no fue una mera insatisfacción, sino un “escalón” más. Aunque, se informó de los riesgos, la técnica no se obró con el mayor de los cuidados.  

A pesar de que, el consentimiento informado contemple el riesgo, no justificaría el error en este caso.  La valoración pericial de las partes demuestra la relación de la intervención con los daños sufridos, una necrosis a nivel occipital con pérdida de cabello. 

El razonamiento de la Audiencia Provincial nace con motivo de una nueva valoración de la prueba practicada, concretamente, en el documento que se refiere a la hoja de evolución del paciente Este documento refleja la relación entre el facultativo, el paciente y la intervención, mostrando su avance, así como cualquier detalle ocurrido. En este caso, la Hoja no reflejó el daño sufrido (la necrosis), por lo que, en la primera instancia, el documento pasó inadvertido y no se creó un nexo causal entre la intervención y el perjuicio causado. 

En otro orden, la Audiencia consideró valorar especialmente la intervención de un médico especialista cuya evaluación fue ratificada en el juicio. Su análisis de la necrosis estableció que esta afectó a tejidos cutáneos y profundos, que la incisión pudo comprometer la arteria temporal de forma bilateral, y que la profundidad de las lesiones provocó la imposibilidad de realizar injertos cutáneos. 

La Audiencia Provincial entendió que, el error no fue una mera insatisfacción, sino un “escalón” más

Junto a su valoración, se aportaron diversos videos de la intervención que, si bien tanto los peritos como el Tribunal consideraron que lo visionado se realizó de manera correcta, la escasa duración de estos no permitía asegurar del todo la integridad de lo que ocurrió. 

Por último, y como consecuencia de todo ello, se determinó en esta segunda instancia la condena a la parte demanda por una cuantía de 95.000 € a razón de los daños morales, el perjuicio estético, los días de incapacidad y los gastos médicos. Cuantía que ya fue solicitada en la demanda original, basada en el baremo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor (LRCSCVM), siempre orientativo. 

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Un paciente fallece a 100 metros del hospital tras la negativa de un médico a salir a atenderle.

Condena a un médico como autor de un delito de omisión del deber de socorro por negar la atención a un paciente gravemente enfermo que se encontraba fuera del centro en el que estaba trabajando.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaron la condena por un delito de omisión del deber de socorro para el médico que se negó a atender a un paciente inconsciente que se encontraba a 100 metros del Hospital en el que trabajaba, y que falleció finalmente de parada cardio-respiratoria.

Condena a un médico como autor de un delito de omisión del deber de socorro a un enfermo que se encontraba fuera del centro

Los hechos sucedieron de la siguiente manera. El fallecido comenzó a sentirse mal estando en su domicilio por lo que decidió acudir al hospital en su vehículo. Iba acompañado de su pareja sentimental, que en ese momento estaba en un avanzado estado de gestación, por lo que el coche lo conducía el enfermo.

Una vez en la puerta del hospital, perdió el conocimiento y colisionó con uno de los coches que se encontraban estacionados en la entrada el Hospital, por lo que la pareja del fallecido salió del coche solicitando auxilio. Esta llamada de auxilio alertó a los vecinos, que llamaron a los servicios de policía y guardia civil.

Se presentaron en el lugar de los hechos dos patrullas de la Guardia Civil, y ante la situación de gravedad que presentaba el enfermo, dos de los agentes acudieron al centro hospitalario en el que estaba trabajando el acusado, solicitando que un médico acudiese al lugar donde se encontraba el enfermo, que estaba a apenas 100 metros de dicho centro.

Se presentaron en el lugar de los hechos dos patrullas de la Guardia Civil, y ante la situación de gravedad que presentaba el enfermo, dos de los agentes acudieron al centro hospitalari

El acusado, a pesar de la solicitud de los agentes, se negó a acudir salir del hospital y acudir al lugar de los hechos aludiendo que no podía salir del centro en horario laboral, sugiriendo que debían llamar al 112, todo ello a pesar de que los agentes le ofrecieron llevarle en el vehículo oficial.

Así, los agentes volvieron al lugar donde se encontraba el enfermo sin un médico, por lo que uno de los agentes de la policía local que se encontraban allí acudió de nuevo al Hospital, solicitando de nuevo al acusado que acudiese al lugar de los hechos para atender al paciente. De nuevo, el acusado se negó a salir del centro y en este caso fue él quien llamó a los servicios de emergencia, y aunque le incitaron a salir del centro para asistir al paciente, de nuevo volvió a negarse.

Ante las continuas negativas del acusado a salir del centro para atender al paciente, los agentes de la Guardia Civil se acercaron a una sede de bomberos que se encontraba en las inmediaciones solicitando que la UVI móvil que allí se encontraba, se acercase al lugar de los hechos para atender al enfermo. Una vez allí, el médico de la UVI móvil se encontró al paciente en parada cardio-respiratoria, por lo que comenzó con las maniobras de reanimación correspondientes, sin éxito.

Los agentes de la Guardia Civil se acercaron a una sede de bomberos que se encontraba en las inmediaciones solicitando que la UVI móvil

Finalmente, el paciente falleció de parada cardio-respiratoria media hora después de la personación de la UVI móvil en el lugar de los hechos.

Tras la celebración del juicio en el que se realizaron las testificales de los policías locales, los agentes de guardia civil, los médicos de la UVI móvil y la pareja del fallecido, el Jurado determinó que los hechos eran constitutivos de un delito de omisión del deber de socorro recogido en los artículos 195 y 106 del Código Penal, no teniendo en este caso cabida la tutela de otros bienes jurídicos como la vida o la seguridad personal, tal y como quiso poner de manifiesto el médico condenado.

La sentencia concluye diciendo que la única justificación que se podría haber alegado sería la de encontrarse en un acto médico cuyo abandono pudiera haber supuesto un riesgo para el paciente que estaba atendiendo. Sin embargo, este no era el caso en el que se encontraba el acusado, por lo que conociendo la gravedad de la situación del enfermo, teniendo en cuenta que no estaba atendiendo a ningún otro paciente, su reiterada negativa a salir del hospital, incluso, desoyendo a la médico del 112, se concluye que concurren todos los elementos del delito de omisión del deber de socorro. Por ello, se condena al acusado a una pena de ocho meses de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante un plazo de seis meses.

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Un paciente demanda al profesional que le extirpó un tumor cerebral

Una paciente de 55 años demanda al neurocirujano que le realizó una craneotomía para la extirpación de un tumor cerebral. El profesional realizó esta intervención para extirpar un hematoma intraparenquimatoso que padecía la paciente, y fue debidamente puesta al corriente, habiendo firmado la mujer el consentimiento informado en que constaba el objeto de la intervención. 

Demanda al profesional que le extirpó un tumor cerebral

Asimismo, la paciente demanda a la sociedad de la que es propietaria el neurocirujano demandado y a la entidad de seguros de salud, que tenía contratada la paciente. 

La demandante considera la intervención como innecesaria y contraria al diagnóstico ofrecido por el resultado de las pruebas diagnósticas realizadas. Además, asegura que el neurocirujano aumentó la entidad del hematoma en su valoración, para justificar la intervención quirúrgica 

En este sentido, alega que, a raíz de la última intervención, ha sufrido una serie de lesiones y secuelas, como pueden ser hemiparesia, clonias de hemicuerpo izquierdo, crisis parciales simples de extremidades inferiores e incontinencia mixta. También considera que son daños continuados y desproporcionados, indicando que no había advertido ni consentido en ningún momento el resultado que finalmente se produjo, por ello, reclama una cantidad superior a los 800.000 €. 

Hay que señalar que, cinco años antes de la intervención por la que se demanda al neurocirujano, la paciente ya había sido sometida a una operación de neurocirugía craneal, y tuvo que realizar una nueva operación para drenar y eliminar un hematoma subdural postquirúrgico derivado de la intervención. 

5 años antes de la intervención la paciente ya se había sido sometido a una neurocirugía craneal previa

La paciente alega la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil, junto con la normativa aplicable a Consumidores y Usuarios. Respecto al médico demandado y a la sociedad de la que es propietario el médico, la paciente cita principalmente la normativa relativa a la responsabilidad extracontractual, al no unirse el médico ni la clínica a la paciente directamente por ningún tipo de contrato. En cuanto a la aseguradora, la paciente, principalmente, aduce la normativa de responsabilidad contractual. La póliza de seguro es un acuerdo entre ambas partes, y la legislación relativa a los derechos de los consumidores y usuarios. 

Inicialmente, el Juzgado valora la consideración de consumidora de la paciente, considerando que es adecuada, pero, señalando la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad médica, la cual nunca es objetiva. La responsabilidad del profesional médico es una obligación de medios, nunca de resultados. Por tanto, se entiende que el tratamiento es correcto mientras el médico ponga a disposición del paciente los medios adecuados, comprometiéndose a aplicar las técnicas para la patología correspondiente de acuerdo a la ciencia médica y la buena praxis, así como la aplicación con el cuidado y precisión exigible con las circunstancias y riesgos inherentes a cada intervenciónAsimismo, esta doctrina también exige que se le proporcione al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar un tratamiento o intervención. 

Se entiende que el tratamiento es correcto mientras el médico ponga a disposición del paciente los medios adecuados

Del mismo modo, el Juzgado valora la falta de legitimación pasiva alegada por la sociedad de la que es propietaria el neurocirujano. La sociedad indica que su única función es realizar la facturación del médico a terceros, como en este caso es la aseguradora de la paciente. Por ello, el Juzgado considera que es inapropiado que se encuentre como parte esta sociedad, ya que, se está averiguando si la operación se ha realizado acorde o no a la buena praxis. 

Finalmente,  se valora también que la acción ejercitada por la paciente haya prescritoEn un principio, el Juzgado distingue entre seguro de enfermedad y seguro de asistencia sanitaria, siendo la diferencia la relación entre las tres partes que forman estos seguros. 

En el seguro de enfermedad, el asegurado elige al médico, al que luego será la aseguradora quien abonará sus honorarios, siendo la relación contractual entre asegurado y médico; y extracontractual la relación entre médico y aseguradora.  

El Juzgado valora la falta de legitimación pasiva alegada por la sociedad de la que es propietaria el neurocirujano

En el seguro de asistencia sanitaria, el asegurado es tratado por uno de los doctores que configuran el cuadro médico de la aseguradora. De manera que, la relación entre asegurado y médico es extracontractual en este caso, y contractual, entre médico y aseguradora. 

Al tratarse de un seguro de asistencia sanitaria, la relación entre paciente y médico es extracontractual, cuyo plazo de prescripción es de un año. En cambio, si la relación entre aseguradora y paciente es contractual, el plazo de prescripción es de cinco años. 

El Juzgado desestima total e íntegramente la demanda frente a los demandados, ya que, han pasado siete años entre la estabilización de las lesiones y la demanda interpuesta por la paciente está prescrita para ambas partes. Asimismo, señala la falta de legitimación pasiva admitida respecto a la sociedad propiedad del médico, por lo que lo desestima. 

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Un paciente fallece de hemorragia interna en su casa tras la visita previa de un facultativo

Los familiares del paciente fallecido interponen una denuncia a la facultativa que le atendió en su domicilio. El paciente presentaba gastroenteritis aguda que había comenzado días antes y que había sido diagnosticada en su centro de salud, donde se le prescribió un tratamiento que la facultativa decidió continuar, sin derivar al fallecido al hospital desde su domicilio.

Un paciente aquejado de una gastroenteritis aguda fallece en su domicilio tras la negativa del facultativo a derivarle al hospital.

Una vez practicada la instrucción de la causa, al no haberse archivado el procedimiento por entender que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia, las acusaciones solicitaron una pena de prisión para la facultativa de dos años y seis meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de médico por un tiempo de cuatro años.

El hecho de que acudiera la médica al domicilio del paciente se dio porque tenía problemas de movilidad. Observó que el paciente no tenía signos que hicieran necesario modificar dicho tratamiento. No tenía deshidratación y presentaba pupilas y mucosas húmedas y reactivas.

De hecho, los familiares no le proporcionaron ningún informe con antecedentes, lo que en el momento de los hechos se solicitaba por protocolo, es más, las heces no eran sanguinolentas, lo que confirmaba el diagnóstico previo. Además, no se confirmó ningún signo de alarma. Por ello la doctora concluyó que no presentaba irritación abdominal, ni aumento de los órganos, ni defensa abdominal.

El paciente no tenía signos que hicieran necesario modificar dicho tratamiento. No tenía deshidratación y presentaba pupilas y mucosas húmedas y reactivas.

Asimismo, la doctora confirmó que, a la vista del estado que presentaba el paciente, el diagnóstico era el mismo que ella previamente había decidido. No había ningún signo diferente a los que existían cuando valoró al paciente.

Se practicaron tres periciales: la del médico forense y la de dos peritos de la doctora. El médico forense, al inicio se mostraba contrario a la actuación llevada a cabo por la facultativa acusada, y afirmaba que existía hemorragia interna por la existencia de posos de café, aunque posteriormente se desdijo. Se practicaron las periciales juntas mediante careo, lo que hizo que se pudiera afirmar que, muchos de los datos de su informe, fueran más teóricos que basados en la experiencia diaria de un especialista en urgencias y aparato digestivo.

El forense terminó por afirmar que la doctora había actuado correctamente y no era necesario derivar al hospital al paciente. Los otros dos peritos, especialistas en medicina interna uno y aparato digestivo el otro, ratificaron lo que plasmaron en sus informes. No hubo un deterioro que hiciera necesario modificar el tratamiento prescrito días antes por la médica de cabecera del fallecido. No había hipotensión y existía una congestión visceral, lo que hacía imposible la existencia de sangrado masivo.

Según se explicó de forma detallada, tanto por el resto de peritos, como por la doctora, la tensión que presentaba no era anormalmente baja, teniendo en cuenta el cuadro de diarrea que presentaba y, lo que es más importante, se mantuvo constante desde la primera consulta.

El forense terminó por afirmar que la doctora había actuado correctamente y no era necesario derivar al hospital al paciente

Exponía la sentencia que, pese a las diversas afirmaciones realizadas por el Forense en su interrogatorio, contradichas por otras afirmaciones realizadas por él mismo que, obligaban a la petición de aclaraciones, destaca una afirmación que hizo de manera constante, y es la relativa al progresivo deterioro de la paciente y la bajada constante de la tensión. Sin embargo, continuaba el juez, tal afirmación careció del más mínimo sustento probatorio. El médico forense ni tan siquiera recordaba las fuentes que tuvo en cuenta para elaborar el informe.

A la vista de la prueba practicada, el juez concluyó que no existía ningún tipo de negligencia, dado que, en la jurisdicción penal, las pruebas que acreditan el delito, tienen que ser rotundas y no meros indicios injustificados basados en teorías, a lo que se unió la jurisprudencia acerca de la imprudencia y cuándo ésta es perseguible penalmente, dictando una sentencia absolutoria.

 

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