Desestiman la mala praxis tras el fracaso de varios implantes dentales

Un paciente acude a una Clínica dental para la realización de un tratamiento rehabilitador consistente en la colocación de una serie de implantes. Tras la exploración y la realización de una ortopantomografía, se le propone por parte de los doctores un tratamiento que mejor se ajusta con sus necesidades. De hecho, el tratamiento incluía la extracción de las piezas dentales de la parte superior de la cavidad bucal.

Un paciente recibe un tratamiento rehabilitador consistente en la colocación de una serie de implantes, de la manera más ajustada a las necesidades que presentaba la persona

Anteriormente se le realiza un TAC previo a la colocación de las prótesis dentales, y una vez realizada la prueba se inicia un tratamiento con clindamicina. No obstante, el paciente ha sido informado tanto verbal como por escrito antes de realizarse la cirugía de implantación, por lo que, el profesional facilita al paciente el correspondiente consentimiento informado.

La intervención se lleva a cabo seis meses después realizando la explantación de la pieza 16 debido a las necesidades que presentaba el paciente, y posteriormente abandona el tratamiento. Sin embargo, el paciente alega mala praxis de los profesionales que le intervinieron, tanto el primer doctor que le vio por primera vez como el implantólogo.

No obstante, ambos doctores dejaron de trabajar en la clínica hace unos 6 años, se dice que la relación es extracontual. Por tanto, está prescrita ya que se ha superado con creces el plazo de un año existente para la imposición de alguna reclamación.

De igual forma, se discute si la información suministrada al paciente es correcta, pero se afirma que el suministro de información es correcto al habérsela proporcionado tanto de manera escrita como oral. Por ello, la extracción de la pieza está justificada en base a las pruebas, así como se demuestra que se le informo al paciente debidamente. Es más, en el Consentimiento Informado consta el hecho del perjuicio que supone para los implantes ser fumador, así como el riesgo en la pérdida de los implantes.

La intervención se lleva a cabo seis meses después realizando la explantación de la pieza 16 debido a las necesidades que presentaba el paciente, y posteriormente abandona el tratamiento

Igualmente, se discute por las partes sobre la fecha del diagnóstico de la enfermedad periodental. Para ello, es fundamental la figura de la trabajadora de la Clínica, que interviene como testigo y señala que desde el primer momento que se detectó la enfermedad se inició el tratamiento.

En cuanto a la elección del tratamiento y las pruebas el paciente entiende que no se hicieron pruebas suficientes, de hecho, alega que se requería de un sondaje y un TAC. No obstante, se señala que la realización previa del TAC no está indicada por la simple razón de que con la extracción del hueso de la arcada se reabsorbe. Por lo que, la realización de esta prueba con anterioridad no da una información correcta para el tratamiento. En este sentido, la sentencia dictada establece que tras la declaración en el juicio de los peritos sobre una imagen de un informe pericial, se entiende que la línea de inserción de los dientes era clara en la imagen por lo que no se considera como mala praxis.

Otro de los puntos controvertidos discutidos por las partes fue el fracaso de alguno de la totalidad de los implantes practicados. La Sentencia señala que no se concluye de ninguna manera que dicho fracaso, se deba a una actitud negligente de los doctores como consecuencia de una mala praxis. De hecho, está recogido en los consentimientos informados que se le facilitaron al paciente.

La Sentencia señala que no se concluye de ninguna manera que dicho fracaso, se deba a una actitud negligente de los doctores como consecuencia de una mala praxis

Por último, la parte actora defiende que debido a el tratamiento que se le practicó al paciente y realizado con clindamicina se provocaron numerosas infecciones en la boca del actor durante el tratamiento. Resulta llamativo que fue la propia perito de la actora quien el día del acto del juicio se basó en realizar dicha afirmación en meras manifestaciones del paciente, por lo que una vez más no existe prueba objetiva que determine que los profesionales realizaron una actitud negligente, ni en este punto ni en cualquiera de los anteriores.

Por todas estas razones, la Sentencia desestima la petición de indemnización solicitada por el paciente, absolviendo tanto a los doctores como a la clínica de todas las peticiones realizadas.

Desestiman la mala praxis de un ginecólogo tras el fallecimiento de una paciente

En el siguiente supuesto, la parte actora ejercita una acción de reclamación de cantidad por fallecimiento de paciente a consecuencia de la mala praxis médica realizada por su ginecólogo y frente al Hospital. La paciente acude a consulta de su ginecólogo en mayo de 2011, después de notar una lesión palpable en la mama izquierda y se le indica que todo está correcto tras la realización de varias pruebas. En septiembre de ese mismo año, la paciente vuelve a acudir a consulta, asegurando que el bulto de la mama ha aumentado considerablemente. El ginecólogo demandado señala que se trata de una rotura intracapsular de prótesis mamarias y mama fibroquísticas.

Una paciente acude a consulta después de notar una lesión palpable en la mama izquierda, pero se le indica que todo esta bien

Por ello la paciente acude a un cirujano plástico para someterse a un cambio de la prótesis de mama izquierda y extirpa parcialmente el quiste, presuntamente benigno. No obstante, el servicio de anatomía patológica determinó que se trataba de un carcinoma ductal infiltrante grado 3, observándose focos de infiltración vascular.

En este sentido, se alega el retraso del diagnóstico de cáncer de mama y sección del tumor por la mitad, lo que supuso la rotura de la cápsula del tumor y, por consiguiente, la diseminación de células cancerosas al sistema linfático y sanguíneo, dejando la mitad del tumor en el cuerpo de la paciente. Desde entonces, la paciente estuvo sometida a intervenciones y tratamientos oncológicos hasta el día de su fallecimiento.

Las pruebas realizadas en mayo de 2011 no justificaban una actuación médica distinta a la realizada

El ginecólogo alega que las pruebas realizadas en mayo 2011 mostraban un resultado absolutamente congruente con la clínica y no justificaba una actuación medica distinta de la realizada. Se informó al radiólogo del nódulo palpable, y se emplazó a la realización de una nueva valoración 6 meses más tarde, sin estar indicado la realización de la biopsia. De hecho, el ginecólogo asumió el diagnóstico y las recomendaciones del radiólogo al ser la autoridad imperativa en este caso.

Asimismo, el doctor sostiene que el cirujano plástico no solicitó una biopsia intraoperatoria para determinar si se ampliaba la intervención cuando extirpó el quiste. Por ello, la defensa concluye que no existe pérdida de oportunidad, ni retraso derivado de la actuación de este facultativo, ni actuaciones culposas y tampoco mala praxis.

En esta línea, el Juzgado saca a relucir la doctrina y jurisprudencia existente sobre la obligación del profesional sanitario, es decir, el especialista está obligado a proporcionar al paciente todos los cuidados que requiera según el estado de la ciencia. De modo que, en la conducta de los profesionales queda descartada toda clase de responsabilidad más o menos objetiva, sin que opere la inversión de la carga de la prueba. Por tanto, corresponde al paciente o demandante la prueba de la culpa y del nexo de causalidad.

El ginecólogo asumió el diagnóstico y las recomendaciones del radiólogo al ser la autoridad imperativa en este caso.

Además, el Juzgado trae a colación la doctrina y jurisprudencia existente sobre el “retraso diagnóstico”. La toma de decisiones clínicas está generalmente basada en el diagnóstico que se establece a través de una serie de pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida. Estas pruebas serán de mayor utilidad cuando más precozmente sean capaces de identificar o descartar la presencia de una alteración, sin que ninguna presente una seguridad plena.

Es obligación del médico realizar todas las pruebas diagnosticas necesarias, atendiendo el estado de la ciencia médica en ese momento. De tal forma que, solo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas puede servir de base para declarar su responsabilidad. Tampoco, se puede cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior dada la dificultad que entraña acertar con el diagnóstico correcto, a pesar de haber puesto a su disposición todos los medios disponibles. No obstante, en todo paciente existe un margen de error, independientemente de las pruebas que se realicen. La actividad diagnóstica comporta riesgos de error que pueden mantenerse en ciertos casos dentro de los límites de lo tolerable.

Por todo ello, el Juzgado desestima la demanda interpuesta contra el ginecólogo. El especialista puso a disposición de la paciente todos los medios de los que disponía según la clínica presentada por esta, así como por el diagnóstico radiológico realizado.

Artículos complementarios:

Reclaman 103.900 € por un supuesto fallo en la obligación de información previa en una corrección de presbicia

En la demanda, la paciente reclama que hubo un fallo en la obligación de información previa que se debe dar antes de cualquier intervención médica, en este caso, de una corrección de presbicia por parte de una clínica oftalmológica.  

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