Claves para resolver un caso de suicidio en un hospital

El personal sanitario tiene el deber de vigilancia de los pacientes, pero ¿hasta qué punto en aquellos con ideaciones suicidas?

Los familiares de un paciente fallecido interpusieron una reclamación contra los profesionales que le atendieron, considerando que existió una actuación médica deficiente, por la que solicitaron una indemnización de 127.000 € por los daños y perjuicios sufridos.

El paciente, que presentaba antecedentes personales de Trastorno Bipolar y diagnóstico de Adenoma de recto con metástasis hepáticas en estadío IV, acudió al hospital buscando protección mediante su ingreso voluntario, tras un intento de suicidio motivado por la angustia que le producía su situación terminal.

Fue valorado por el especialista en Psiquiatría, quien le indicó tratamiento farmacológico y le pautó sujeción mecánica en los miembros inferiores para aquellos momentos en que no estuviese acompañado, medidas que fueron en todo momento consensuadas y aceptadas por el paciente.

Su evolución fue favorable durante el tiempo que estuvo ingresado, hasta que, en una situación aparentemente estable y sin previo aviso, el paciente se precipitó desde la quinta planta del hospital tras cortar la sujeción mecánica con unas tijeras de manicura de las que el personal no tenía conocimiento. Falleció en el acto.

Los familiares aseguraron, apoyándose en dos informes periciales, que el fallecimiento se produjo a consecuencia de una falta de la debida vigilancia por parte del personal del hospital, manifestando que se falló en tres puntos: la protección personal a través de la contención al paciente, su vigilancia tras haberse confirmado la tendencia suicida y, tercero, el control del perímetro donde estaba custodiado.

Los profesionales sanitarios demandados se opusieron a tales pretensiones, entendiendo que no existió relación de causalidad entre el suicidio y su actuación ya que, según su criterio, tanto el protocolo médico como la labor de vigilancia y control del paciente fueron correctos.

En este punto y para la resolución de la controversia, ambas partes aportaron al procedimiento informes periciales, elementos clave para ayudar a la jueza a valorar el caso. En la Sentencia, la magistrada hizo hincapié en la importancia de que los informes periciales para la defensa de las controversias derivadas de actuaciones sanitarias sean emitidos por profesionales con la suficiente formación y experiencia en el ámbito del supuesto a tratar, dejando claro la especial relevancia del rigor de un especialista en la materia para el esclarecimiento de los hechos.

Volviendo al transcurso del procedimiento, la parte demandante, además de presentar informes de parte, solicitó la designación de un perito judicial. El profesional designado dejó claro en su informe que el paciente, en los momentos previos a los hechos, no estaba agitado ni con síntomas de depresión grave, aunque sí presentaba ánimo deprimido por el diagnóstico de su enfermedad oncológica terminal y un estado ansioso-depresivo, síntomas que finalmente hicieron que el paciente planease suicidarse, ocultándolo en el entorno hospitalario. En definitiva, en el momento del fatal desenlace el estado del enfermo era correcto, encontrándose el trastorno bipolar estabilizado, entendiendo que era prácticamente imposible predecir y evitar el suicidio.

Por último, es de destacar que en nuestro ordenamiento juridico corresponde a la parte demandante el probar los hechos en que fundamenta sus pretensiones, por lo que resulta primordial para la defensa del profesional sanitario el apoyo de un informe pericial completo y exhaustivo realizado por un especialista.

En el supuesto que nos ocupa, la jueza determinó que, teniendo en cuenta los informes periciales de las defensas y del perito judicial, quienes expusieron de forma clara y exhaustiva los acontecimientos, el hecho de que el suicidio se produjera en el hospital no deja de ser algo circunstancial, por lo que no basta por sí solo para imputar una responsabilidad en dicho suicidio, motivo por el cual desestimó las pretensiones de la reclamante, al considerar que las actuaciones desempeñadas fueron en todo momento las correctas y las aplicables al tipo de paciente tratado.