Condena de medio millón a dos ginecólogos por complicaciones en la extirpación de un mioma

Las reclamaciones a los médicos por parte de los pacientes están creciendo exponencialmente y empieza a ser algo habitual dentro de sector. Dos ginecólogos han sido condenados a indemnizar a una paciente y a sus familiares con más de 500.000 euros tras las complicaciones que esta sufrió durante una operación para extirparle un mioma.

La paciente se sometió a una intervención para la extirpación de un mioma uterino submucoso, operación para la cual sus ginecólogos optaron por una histeroscopia ginecológica. A lo largo de la operación fueron surgiendo complicaciones que llevaron a la afectada a sufrir dificultad respiratoria y problemas de ventilación, por lo que los doctores se vieron obligados a intubarla y a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. La paciente fue trasladada de la clínica a su hospital en ambulancia, donde pudieron reanimarla.

A raíz de los problemas surgidos durante la intervención la paciente sufrió una encefalopatía hipóxica, lo que le ha provocado una afectación psíquica severa con importantes secuelas. Le ha sido reconocida una minusvalía del 65 %, por lo que necesita la asistencia de una tercera persona en su día a día.

Los abogados de la paciente han argumentado durante el juicio que la causa de las complicaciones se debió en primera instancia a una elección errónea de la técnica quirúrgica. Además, para destensar la cavidad del útero los ginecólogos utilizaron una solución de glicina, la cual, al tratarse de un elemento neurotóxico, provocó una parada cardiorrespiratoria por edema pulmonar al entrar en contacto con el torrente sanguíneo. La defensa de la paciente también ha alegado que su clienta no fue informada de manera adecuada de la técnica que se iba a utilizar, así como tampoco de sus potenciales riesgos.

Los abogados de la afectada han esgrimido además que la clínica donde se produjo la intervención no contaba con los medios suficientes para llevar a cabo una intervención de ese tipo, ya que, tras las complicaciones, la paciente tuvo que ser trasladada a su hospital sin un intento de recuperación en la propia clínica.

La defensa de ambos doctores se ha opuesto a dichas acusaciones argumentando, por un lado, que la paciente llevaba cuatro años tratándose en la misma clínica, y por otro, que se optó en primera instancia por un tratamiento conservador para observar como evolucionaba la paciente, y una vez comprobado que no era eficaz se decidió la extirpación del mioma, pero siempre con el consentimiento de la paciente.

El juez ha estimado que tanto el consentimiento era el adecuado para este tipo de intervención –incluyendo la información del uso de glicina– como que la clínica contaba con las autorizaciones administrativas pertinentes para su funcionamiento.

El caso, por tanto, ha girado en torno a si la manipulación de la glicina fue la adecuada o hubo errores en su aplicación. Se ha concluido que debieron haberse observado signos de intravasación de glicina, por lo que lo correcto hubiera sido suspender inmediatamente la operación.

Los peritos han indicado que los doctores debieron haber tomado ciertas medidas que son de aplicación en una complicación por absorción de glicina, las cuales no llevaron a cabo: “Si la cantidad de producto que pasa al torrente sanguíneo es considerable se debe suspender la intervención y solicitar una analítica”, según los expertos. No es comprensible por tanto que no se hubiera actuado de esta manera, siendo este un riesgo común en este tipo de operaciones y existiendo un laboratorio en la clínica.

Tras la parada de la paciente correspondió al anestesista su reanimación y el posterior avisó a una ambulancia medicalizada, no habiendo disponibilidad de ella, por lo que acudió una no medicalizada que trasladó a la afectada a urgencias atendida por un anestesista, un ginecólogo y una enfermera. Se desprende por tanto de la información que la actuación del anestesista fue correcta en todo momento, no así de los ginecólogos.

Los abogados de la afectada habían solicitado en primera instancia una cantidad de 1,6 millones de euros, importe que finalmente el juez ha reducido a algo más de medio millón.