Dentistas en el banquillo: El perito de la acusación acordó con la paciente un tratamiento de 40.000 € por lo que acusó a sus compañeros con un interés claro

Esta sentencia tuvo por objeto el enjuiciamiento de hasta tres odontólogos y la clínica donde se desarrolló la actividad dental como consecuencia de una falta de resultados en una rehabilitación oral con tratamiento protésico, con una periodontitis previa y de posteriores molestias por parte de la paciente, quien reclamó por mala praxis al aplicarle un tratamiento, según ella, obsoleto.

El resultado de la primera instancia: 2 de los 3 profesionales enjuiciados fueron absueltos y el tercero de ellos fue condenando a un delito de lesiones por imprudencia grave profesional, un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica por un año, y a una indemnización de más 50.000€ declarándose responsable civil subsidiaria a la clínica.

Ante el resultado de esta condena frente al tercer profesional se recurrió la sentencia en segunda instancia. La sentencia condenatoria de la primera instancia tomaba en consideración la valoración de los peritos de la acusación y la del perito judicial, quienes habían manifestado que los errores se habían debido a un error en la planificación y a la impericia del profesional en la ejecución del tratamiento sin especificar cuáles eran concretamente las irregularidades de cada uno de esos profesionales.

Debido a la complejidad del caso por el número de profesionales implicados, además de la propia clínica, y por la diferencia en la resolución de la sentencia –favorable a dos de los odontólogos y desfavorable para uno de ellos-, y por la falta de motivación de las sentencia y de las conclusiones de los peritos de parte hubo que planificar el recurso no solo para buscar la absolución del odontólogo condenado, sino también volver a confirmar la inocencia de los dos ya absueltos.

Defensa del odontólogo
En primer lugar que los hechos reconocidos en primera instancia fueran confirmados por la Audiencia, respecto de los profesionales que habían sido absueltos. Para ello era necesario dejar acreditado que el primer profesional (absuelto en primera instancia) había actuado correctamente no solo en el diagnóstico previo de periodontitis de la paciente, sino en la aptitud de la paciente para poder realizar una rehabilitación oral con tratamiento protésico, y que las extracciones dentales habían sido correctas.

En segundo lugar, que el segundo odontólogo (absuelto en primera instancia) trató al paciente cuando el tratamiento ya se encontraba en fase de fracaso por lo que obligó a adoptar una nueva medida de tratamiento además de poner a disposición del paciente otras medidas.

Finalmente respecto al dentista condenado en 1ª instancia, la cuestión era conseguir convencer al juzgador que el tratamiento realizado por el odontólogo sí fue ajustado a la praxis normal, que si bien podría ser que el tratamiento no fuera el más actualizado, hecho que fue duramente criticado por el perito judicial y el de la acusación, era un tratamiento aceptado por las sociedades científicas y por la medicina. Por tanto, las secuelas que la paciente sufría eran un riesgo posible descrito en la bibliografía médica.

En el recurso de apelación se atacó no solo a la valoración de prueba del juzgador de instancia sino a los informes periciales de la acusación y del forense. Se demostró que existía un conflicto de intereses o un quebrantamiento del código ético por parte del perito de la acusación, ya que había acordado con la paciente un tratamiento que superaba los 40.000€, no dudando ser el perito durante el procedimiento, el interés en el procedimiento es evidente. En cuanto al forense se logró demostrar que había realizado un informe defectuoso que adolecía de numerosos errores y que no se ajustaban a la realidad de los hechos realizados a la paciente.

Por parte de la clínica se defendió la puesta a disposición de medios materiales y humanos y, lo más importante, la existencia de un acuerdo extrajudicial alcanzado por ambas partes por el cual la acusación renunciaba a las acciones civiles, penales y de cualquier índole por lo que en caso de condena nunca se podría indemnizar por más importe de lo acordado en un principio

Finalmente la Audiencia, falló a favor del dentista condenado entendiendo que si bien es cierto que el tratamiento podría no ser el más actualizado, no significa que fuera contrario a la lex artis ad hoc. Todos los peritos en juicio establecieron que existen riesgos en cualquier intervención como el que se produjo y que a pesar de que pudiera darse una serie de defectos en la historia clínica ninguna de las actuaciones por si solas eran generadoras de una responsabilidad que pudiera sobrepasar el ámbito penal, más si se tenía en cuenta que el informe de la acusación era interesado y el informe forense adolecía de graves defectos de fondo.

1 Comentarios

  1. Me agrada que nos ilustren con casos de la práctica diaria, para ir recabando experiencias en el manejo de las sepsis bucales y cómo prevenir las consecuencias ulteriores si no tomamos medidas preventivas antes que lamentar una mala praxis, muchas gracias, dra betancourt.

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