El paciente debe prestar su consentimiento para cualquier intervención, aunque no esté programada

En este caso, un hombre acudió a la consulta de Otorrinolaringología de un hospital público, donde fue diagnosticado de un quiste nasolabial derecho. Al paciente se le informó, a través del correspondiente consentimiento informado, de los posibles riesgos que pueden ocasionarse a raíz de una intervención quirúrgica de extirpación de neoformidades benignas como, por ejemplo, una hemorragia nasal.

El día de la intervención se procedió a anestesiar al paciente y, tras ello, se apreció que éste no tenía quiste nasolabial alguno, por lo que se procedió a realizar una cauterización de ambos cornetes inferiores y al despegamiento de la espina nasal anterior. Esta intervención no se comunicó al paciente y no estaba prevista en el consentimiento informado firmado; ni siquiera era necesaria por razones de urgencia para la salud del paciente. Tras la operación, se procedió al taponamiento nasal con una gasa y a la colocación de una bigotera sobre el labio superior.

Durante el postoperatorio y en la primera consulta después del alta, no se apreciaron hemorragias nasales en el paciente. Sin embargo, días después el paciente acudió al Servicio de Urgencias del mismo hospital donde se le realizó la intervención, manifestando que llevaba tres días sufriendo hemorragias, siendo la última de ellas la razón por la que acudió a Urgencias, bastante abundante, la cual tuvo que ser taponada con una gasa.

Al día siguiente, el paciente acudió de nuevo al servicio de Urgencias al continuar sangrando, teniendo que retirarle el taponamiento nasal, cauterizando las zonas sangrantes y colocándole un taponamiento anteroposterior clásico en ambas fosas nasales con aspiración de sangre oral, pasando una sonda hasta el estómago, siendo necesaria anestesia general. Tres días después, se le retiró el taponamiento anteroposterior.

Un día después de la retirada del taponamiento, el paciente acudió otra vez a Urgencias presentando sangrado posterior, revisado por el otorrino, que le informó de que se le iba realizar una intervención quirúrgica (embolización) y todos los riesgos que podrían producirse, con el consentimiento por escrito del paciente.

Dos días después, se le practicó una arteriografía de las arterias esfenopalatinas y se decidió no practicar la embolización, al no encontrar un punto arterial sangrante. Varios días después se le transfundió sangre al paciente debido a las bajas cifras de hemoglobina. Se le dio el alta tres días después, siendo necesarias revisiones en consulta externa y tratamiento ambulatorio.

Varias semanas después del alta, el paciente se presentó en el Servicio de Urgencias por sangrado nasal y, tras una revisión, se le diagnosticó sinusitis maxilar derecha y epistaxis, siendo necesario ser atendido periódicamente en consultas externas de Otorrinolaringología.

Como consecuencia de estos hechos, el paciente formuló una reclamación por vía administrativa debido a la defectuosa asistencia sanitaria prestada, reclamando la cantidad de 100.000 €. Frente a ésta, la Administración reconoció que el paciente no fue informado ni dio consentimiento para la intervención que finalmente se le realizó, por lo que el Consejo Consultivo estimó la reclamación en un importe de 9.301,19 €, mientras que el Servicio Público de Salud estimó la misma en 4.301,19 €.

Ante esta situación, el paciente acudió a la vía judicial presentando un recurso contencioso-administrativo en el que reclamaba la cantidad de 26.598,43 €. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo estimó parcialmente la petición, dejando sin efecto la resolución recurrida y obligando al Servicio Público de Salud a indemnizar al paciente con la cantidad de 11.727,82 €.