El perito médico es fundamental en la defensa de reclamaciones de RC sanitaria

Las complicaciones en el ámbito sanitario están a la orden del día. Una intervención que se tuerce, una secuela inesperada o un tratamiento que no funciona son solo algunas de las situaciones que se pueden vivir. En el caso que hoy veremos una paciente sufrió una secuela que ella no esperaba y demandó al doctor y la clínica, donde se trató posteriormente, en base a falta de información, error diagnóstico y daño desproporcionado.

Una paciente interpuso una demanda contra su ginecólogo y la clínica a la que fue derivada por un supuesto error diagnóstico de ambos. Los errores eran causa de una histerectomía sin anexiectomía asistida por laparoscopia, realizada por el ginecólogo, en la que se le causó una perforación uretral. Esto terminó provocando salida de orina a la cavidad abdominal. Esta complicación no fue observada hasta que acudió al servicio de Urgencias de otro centro, por ello la demandante alegó que esta lesión le produjo un daño desproporcionado para el tipo de cirugía que se le había realizado.

La paciente solicitaba 71.256 euros como indemnización por los días de ingreso hospitalario, las lesiones y secuelas, los daños morales, la pérdida de empleo estable, así como por el importe del informe del perito médico que contrató para valorar la praxis de los demandados y que fue la base para la defensa del procedimiento.

Los codemandados expusieron en sus contestaciones que habían actuado correctamente, oponiéndose a la parte contrario que alegó falta de coordinación en la observación de la paciente. Por ello solicitaron que se desestimara íntegramente la demanda condenando en costas a la demandante.

La sentencia exponía claramente que la obligación del médico es de medios, sin poder asegurarse la curación de la paciente, además de la obligación de informar de manera clara a la misma, siendo uno de los puntos clave.

La demandante manifestó en su escrito que el consentimiento se dio de manera viciada, argumento que se desestimó más adelante. Por su lado el doctor expuso que había informado a la paciente correctamente, hecho que fue confirmado por el propio perito de la demandante en su informe.

La sentencia también valoraba la praxis médica. En este apartado se dio vital importancia a los informes periciales presentados por las partes. Ambos peritos coincidían en que la técnica fue la correcta, además se indicaba que el método utilizado por el demandado era el más inocuo dentro de las posibilidades existentes.

Durante el juicio el perito que realizó el informe aportado por la defensa del doctor, de la que se encargó DS Legal Group, hizo constar que la lesión que sufría la paciente era progresiva y lenta, además de ser un riesgo inherente a la intervención. Por ello era imposible la existencia de un daño desproporcionado, ya que se trataba de uno de los posibles y más típicos problemas en este tipo de operaciones.

Por último se analizó la acusación de error diagnóstico tras la intervención. La demandante atribuía tal suceso tanto al facultativo como a los profesionales que la trataron en la clínica codemandada. Finalmente se concluyó que el diagnóstico inicial de cólico nefrítico fue correcto, ya que sin ser urólogo o ginecólogo es difícil relacionarlo con la histerectomía previa. Todo esto fue además corroborado por los peritos.

Según la sentencia, y de acuerdo con todo lo anterior, se concluyó que el doctor no agotó todos los medios a su alcance para confirmar el diagnóstico de la paciente. El cólico nefrítico es una de las causas de la lesión uretral. Por ello teniendo en cuenta la histerectomía previa lo necesario era acudir a un ginecólogo para obtener el diagnóstico de la lesión uretral.

El documento además analizó si las secuelas que sufría la demandante se hubieran producido en caso de haberse diagnosticado antes la lesión uretral. La conclusión final mostraba que el tratamiento fue el mismo que se hubiera dado con anterioridad por lo que el resultado no habría cambiado, así como las lesiones y las secuelas. Por todo esto se desestimó íntegramente la demanda, sin imposición de costas a ninguna de las partes.

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