El seguro de RCP del Estado: ¿cubre al paciente o al médico? ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad?

En ocasiones oímos hablar de la subsidiariedad del Estado cuando se habla de este como empleador es decir como si fuera una sociedad. Este principio se entiende como que el Estado tiene que garantizar a los pacientes el mal funcionamiento de la sociedad o errores que puedan cometer sus empleados. En el caso de los procesos judiciales contra los médicos se traduce en que si un médico es condenado penalmente a pagar una indemnización y a pesar de haberse ejecutado sus bienes no cubre la indemnización el Estado se obliga al pago de la cantidad restante convirtiéndose en el acreedor de la deuda del médico.

Por regla general las comunidades autónomas suscriben pólizas de seguro que cubren la actividad profesional de los médicos. Seguramente le sonará el seguro de responsabilidad civil profesional. Este seguro cubre la defensa legal, las posibles indemnizaciones o la inhabilitación profesional que pueda surgir tras un proceso judicial por supuesta mala praxis.

Los médicos de la sanidad pública cuentan con seguros de responsabilidad civil profesional suscritos por su comunidad autónoma y, en ocasiones, también cuentan con seguros del mismo tipo suscritos particularmente para cubrir su actividad privada o para completar el que le ofrece su comunidad autónoma, como son los que ofrece Uniteco Profesional entre su cartera de productos.

Este año 2012 ha visto cómo la Comunidad Valenciana dejaba de ofertar este seguro a sus profesionales porque no encontró un sustituto a la compañía que venía haciéndolo hasta el final de 2011. La Consellería de Sanitat se apresuró a asegurar que siempre cubriría subsidiariamente a sus médicos ante procesos judiciales derivados de su actividad profesional.

Pero, ¿qué significa en este caso la subsidiariedad? En el caso de no disponer de un seguro que cubra su actividad pública, el médico denunciado deberá sufragar los costes de su propio proceso judicial. En caso de ser condenado, deberá pagar además la indemnización a la que se vea obligado. En caso de que no pueda hacer frente a esos costes es donde entra en juego el Estado, en este caso en forma de comunidad autónoma, quien pagará lo que quede pendiente una vez haya agotado su capital y su patrimonio.

En caso de que se determine que en su caso hubiera existido dolo o negligencia grave, el Estado podrá ser condenado a responder por el médico si este no tuviera bienes, pero en ese momento el médico pasará a ser deudor del Estado por lo que este haya pagado.

De la posibilidad de esta situación nacieron los seguros privados profesionales, para cubrir directamente los siniestros ocurridos en el ámbito sanitario, sin necesidad de recurrir al patrimonio del médico, ya que entonces ejercer la medicina sería considerado de alto riesgo patrimonial y pocas personas podrían dedicarse a esta profesión.

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