El respeto al médico: ¿de héroes a villanos?

Tras más de un mes de respuesta heroica de nuestros médicos, personal de enfermería, celadores, auxiliares y el resto de los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que forman parte de la cadena de valor de asistencia a los pacientes, nuestras familias, vemos con estupor cómo proliferan las plataformas de oportunistas dispuestas a “sangrar” a nuestros héroes.

Mientras gran parte de la sociedad seguimos aplaudiendo en nuestros balcones durante el confinamiento, enseñándoles a nuestros hijos el valor de la entrega y la vocación de otros, nos encontramos con plataformas o noticias de asociaciones nacidas para reclamar a profesionales por presuntas negligencias médicas, que utilizan de forma oportunista esta situación tan delicada para volver a la carga, crear expectativas en el dolor de las familias y poner en el punto de mira nuevamente a nuestros profesionales para futuras reclamaciones.

Nos gustaría pensar que el foco de la reclamación es la Administración o nuestros políticos, pero como expertos defensores de los profesionales sanitarios durante estos años, al final, por facilidad, la reclamación suele dirigirse de manera individualizada contra nuestro personal médico y de enfermería, muchas veces en la vía penal, por la gratuidad y lo gravoso de la jurisdicción.

El daño que generan este tipo de reclamaciones penales se asemeja al de una enfermedad, que mina la seguridad del profesional, ataca en lo más profundo su vocación y conlleva la angustia vital de su familia, además de fomentar una peor Medicina; la llamada Medicina defensiva o Medicina para juzgados.

Hablar de un decálogo de posibles reclamaciones puede resultar deontológicamente reprochable en un momento tan delicado como el que vivimos, pero, amparado en una asociación o en el adalid del Defensor del Paciente, parece que le da una capa de “sentido”. Sinceramente, no deja de ser una forma de monetizar un momento de crisis nacional, que se suma a la carga emocional y laboral que deben soportar nuestros profesionales. Esa herida emocional parece no ser suficiente para ellos, sino que además van a tener que enfrentarse a reclamaciones, cuya causa en gran parte es un estado de alarma, una situación excepcional de fuerza mayor o, como se ha venido definiendo, una “guerra”.

¿Qué han hecho estas plataformas por el bien de la sociedad? ¿Qué donaciones han realizado? ¿Cómo han respondido durante este tiempo, además de plantear una saturación del aparato judicial? Parece olvidarse muy fácilmente que sus acciones han provocado un aumento de la litigiosidad a lo largo de estos años, una mayor presión asistencial, una pena de banquillo innecesaria y, sobre todo, una Medicina defensiva que se ha vuelto en contra de la propia sociedad.

Muchas de las familias que han llevado a profesionales al juzgado y los propios pacientes, espoleados por estas asociaciones o plataformas que les han prometido indemnizaciones, han visto desestimadas sus reclamaciones, con las costas que ello conlleva, convirtiéndose en un grave perjuicio patrimonial. ¿Dónde están esas plataformas cuando a sus clientes les condenan en costas? ¿Se podría considerar negligentes a la asociación y a sus profesionales si finalmente se desestima la reclamación y se pierden las costas? ¿Habría que quitarles su profesión, en caso de no conseguir los resultados, como así se pide a los profesionales sanitarios?

No podemos decir que no existan errores, negligencias o deficiencias, pero, de existir, estas no se deben a un deseo o dejación del profesional, sino a la extrema dificultad de una ciencia inexacta unida a la asfixiante presión a la que toda la sociedad les sometemos.

Duele ver, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, cómo, cuando se enjuicia en los juzgados a los profesionales, se hace por una actuación, como si fuera el único paciente al que ven durante el año y como si tuvieran, en todo momento, todos los medios y conocimientos a su disposición, siempre desde una valoración a posteriori de los hechos, con los resultados en la mano. Hablar a la ligera de errores y negligencias médicas en medio de una pandemia resulta sorprendente. Nuestros políticos no han trasladado un mensaje de “estado de alarma” a nuestra sanidad, sino que la han calificado de auténtica “guerra”; hospitales de campaña, tratamientos experimentales… Hemos enviado a nuestros profesionales sanitarios al “matadero”, por lo que plantearse reclamaciones contra ellos durante este tiempo resulta, cuando menos, deleznable. Lo han dejado todo, hasta sus familias, para proteger a la nuestras, pero somos capaces de lanzarles lejía para protegernos de ellos, como ha salido en las noticias, rayarles el coche o tratarles como apestados, y, lo peor de todo, comienzan las primeras reclamaciones contra ellos, como venimos gestionando desde hace unos días en el Despacho.

Es paradójico que en uno de los puntos del decálogo se hable del abandono a nuestros mayores, especialmente en las residencias de ancianos; siempre responsabilizamos a los demás, lejos de mirarnos a nosotros mismos, a nuestros derechos y obligaciones. Es horroroso lo que estamos viendo día a día, no ya solo en las residencias, sino que estamos observando cómo, una y otra vez, nuestros bomberos tienen que acudir a comunidades de vecinos, donde también, recordemos, muere gente.

Lo que ocurre en estas residencias, ya sean públicas o privadas, es un auténtico desastre. Cuando hablamos de reclamaciones el objetivo no deben ser nuestros médicos, enfermeros o auxiliares, sino el propio Estado o las Consejerías de Sanidad por su abandono. Existen circunstancias personales en las que ha sido necesario internar en residencias a nuestros mayores, pero trasladar toda la responsabilidad a terceros ante esta situación es un tanto simplista. Intentemos ponernos en la piel de esos profesionales que durante años han cuidado de nuestros mayores y, sobre todo, no les estigmaticemos, hemos visto como estos profesionales, una vez abandonan la residencia, rompen a llorar.

Que un anciano muera en una residencia no es culpa de los profesionales que le han atendido durante años y, si pensamos así, quizás nos tendríamos que cuestionar por qué razón seguían allí. Lo que nos preocupa de este “efecto llamada” son todas esas reclamaciones en las que se solicitan indemnizaciones millonarias sobre pacientes que ni siquiera eran visitados por sus familiares en las residencias.

Es un buen momento para pensar qué hemos hecho mal, cuáles son los valores de nuestra sociedad y cambiar; ver qué tenemos que hacer en los próximos años para que nuestros mayores tengan una vida digna, ya sea en el seno del hogar familiar o en una residencia.

En las asociaciones se habla de “ausencia de medios”, un término muy peliagudo que, en nuestra opinión, se está utilizando muy a la ligera durante esta excepcional coyuntura. Lo cierto es que nos encontramos viviendo una situación desconocida con multitud de cambios continuos, por lo que decir que los pacientes no han tenido acceso a respiradores por errores cometidos en una situación de “normalidad”, en lugar de calificarla como lo que es, desconocida e imprevisible, es, según nuestro criterio, torticero. Crear expectativas en los familiares de pacientes haciéndoles creer que tienen derecho a recursos que no existen en situaciones de excepcionalidad, con el riesgo de costas procesales, es, además de imprudente, reprochable, y puede llevarles a la ruina en caso de desestimación de las reclamaciones judiciales.

Hace meses hablábamos de que el sector sufría una grave crisis, sobre todo por la excesiva judicialización de la actividad médica y la falta de capitales para cubrir las nuevas indemnizaciones millonarias. Denunciábamos que no era aceptable que nuestros juzgados estuvieran repletos de profesionales sanitarios, día tras día, debiendo justificar sus actuaciones, y ahora les queremos llevar a los juzgados por situaciones que, en muchos casos, ni siquiera dependen de ellos, situaciones de riesgo que les han sobrevenido y ante las que ni siquiera disponen de los medios para actuar.

Tampoco debemos caer en el discurso fácil del “no pasa nada, los profesionales sanitarios tienen seguros que cubren toda esta situación”. Esta afirmación no es cierta en absoluto, ya que muchos Servicios Autonómicos de Salud no ofrecen póliza de seguros a sus profesionales, al haber quedado desiertos los concursos; las aseguradoras pueden excluir los siniestros por el estado de alarma; pueden existir franquicias o simplemente no disponer de suficiente capital contratado; es decir, que quizás quien tenga que enfrentarse a los gastos y a las indemnizaciones sea el propio profesional.

Si nuestra visión era pesimista en un principio, observamos con tristeza cómo el cansancio del confinamiento o, lo que es peor, el deseo de “compensar las rentas”, nos lleva a un aumento de la judicialización de nuestros profesionales sanitarios. Seguimos sin entender cómo nos olvidamos de que, el día en que ellos no estén, no habrá nadie para ayudarnos a nosotros ante una enfermedad o necesidad, incluso sin recursos y a costa de su salud y sus familias.

A pesar de todo, cada día que salimos al balcón con nuestras familias para aplaudir oímos a nuestros vecinos, notamos el clamor de los aplausos, la música, las sirenas animando y todo ello a pesar de la que está cayendo. Brota una sensación de esperanza, de que, realmente, cuando todo esto acabe, colocaremos a cada uno en la posición que se merece y respetaremos a esos héroes anónimos, hoy y siempre, porque ellos siempre estarán para ayudarnos.

Recordad, no estáis solos; si una vocación nos define es la pasión por vuestra defensa, para que podáis hacer lo que mejor sabéis: CUIDARNOS.

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