El Servicio de Salud de Asturias, a los tribunales por una infección bacteriana por estafilococo

En esta sentencia trataremos un caso contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias, debido a una infección por estafilococo séptico en una intervención de colocación de un catéter epidural temporal (CET), cuya aguja estaba infectada.

La paciente que resultó infectada acudió al hospital por dolor lumbar con irradiación a ambas extremidades, siendo tratada en la unidad de dolor, sometiéndose a 5 bloqueos espinales. El diagnóstico fue lumbalgia aguda y artrosis de columna, síndrome facetario, pseudolistesis y aplastamiento vertebral.

Debido a que la paciente presentaba dolor agudo, se realizó una intervención para colocarle un catéter individual temporal, teniendo en cuenta que se requería punción en la zona lumbar. Una vez puesto el catéter, se evidenciaron signos de infección en las curas y controles posteriores a la intervención. De esta manera, se procedió a retirar el catéter epidural para ser enviado a bacteriología, y así poder aislar el germen estafilococo aureus.

Después de varias intervenciones relacionadas con la lumbalgia y los dolores lumbares, ingresó en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde le diagnosticaron “infección por Estafilococo aureus resistente a la meticilina”. Asimismo, la paciente presentaba un proceso infeccioso en hombros y derrames articulares con signos inflamatorios, que se intentó erradicar mediante intervención quirúrgica y no a través de un tratamiento dirigido a eliminar la bacteria.

La sentencia estima parcialmente la demanda, condenando a indemnizar a la paciente por un importe de 150.000 euros, frente a los casi 600.000 euros que se reclamaban.

El tribunal hace referencia a varios puntos en su sentencia:

  1. En primer lugar, hace alusión a la falta de consentimiento informado del tratamiento de punción lumbar, una técnica que puede conllevar determinados riesgos que deberían haberse contemplado en un consentimiento informado.

Además, la demandante reclamó una indemnización, no solo por los daños ocasionados tras la punción lumbar en la que se originó la infección, sino también por las intervenciones de laminectomía y artrodesis realizadas tras dicha punción lumbar, para las que sí se realizaron y firmaron consentimientos informados. En este caso, el tribunal considera que los riesgos se recogieron en el CI y por lo tanto no cabe reclamación al respecto.

  1. Por otro lado, la sentencia hace alusión a la infracción de la lex artis sobre la introducción del catéter epidural y su relación con la infección. El tribunal considera que la paciente sufrió daño desproporcionado en cuanto que ingresó por dolores lumbares y, tras el alta médica, ofreció un estado totalmente desproporcionado, consistente en una infección por Estafilococo aureus.

La sentencia considera que antes de la intervención no existía infección y que ésta se produjo tras la manipulación del catéter, siendo de origen hospitalario. Lo que no pone en duda es la infracción de la asistencia sanitaria en condiciones profilácticas que evitasen la infección en el hospital, ya que, estudiando la tasa de infecciones, éste se encuentra por debajo de la tasa estándar. Concluye que no se puede exigir al centro eficacia plena frente a infecciones.

  1. Finalmente, el Tribunal se pregunta si se tomaron las medidas necesarias una vez se detectó la infección por estafilococo. Se llega a la conclusión de que no se realizó un hemocultivo, no se sometió a la paciente al contraste con gadolinio y no se pautó tratamiento para eliminar la infección.

Por todo ello, el Tribunal considera estimadas las pretensiones de la demandante con relación a la falta de consentimiento informado, aunque únicamente con respecto a la punción lumbar, a la infracción de la lex artis en la manipulación del catéter y a la no adopción de las medidas necesarias para acometer la infección.

Es por ello por lo que en la sentencia se condena al Servicio de Salud a indemnizar a la demandante con 150.000 euros, en los que se comprende el daño moral por la falta de consentimiento (10.000 euros) y los daños y perjuicios derivados de la infracción de lex artis en todo el proceso terapéutico (140.000 euros).