Indemnizaciones con renta vitalicia: un problema para los profesionales sanitarios y su patrimonio

Con la entrada en vigor del nuevo baremo, el próximo 1 de enero de 2016, existen diferentes tipos de reclamaciones que verán incrementadas las cuantías indemnizatorias. Este es el caso de la no detección de alteraciones genéticas en los cromosomas durante los controles prenatales. En estos casos, jurídicamente se combinan dos acciones poco conocidas fuera del mundo legal. Estas son las denominadas Wrongful birth y Wrongful life que a continuación explicamos.

En cuanto a la primera de las acciones – Wrongful birth– nos estamos refiriendo a la pérdida de oportunidad de la madre de poder decidir si llevar o no a término el embarazo, ante la falta de detección de la anomalía que sufría el feto.

Su fundamento estriba en la reclamación de una indemnización basada tanto en el quebranto moral como en el quebranto económico derivado de haber tenido un hijo aquejado de una enfermedad o anomalía genética. Los progenitores ejercen esta acción contra el médico ya que la gestante, debido a la supuesta negligencia del médico, se vio privada de la oportunidad de tomar una decisión informada sobre la continuidad o interrupción de su embarazo. Lo relevante aquí no es el sentido en que la madre hubiera ejercitado dicha facultad, sino la pérdida de la facultad misma, puesto que no se le preguntará que decisión habría tomado.

En el caso de las acciones Wrongful life lo que se reclama son los daños del menor por las lesiones que deberá sufrir en el futuro. Por tanto, la acción de wrongful life es aquella demanda judicial que interpone en su propio nombre el hijo –o sus representantes legales- que ha nacido con alguna enfermedad o anomalía congénita contra el médico solicitando una reparación por el daño que experimenta: su propia vida. La supuesta negligencia que se invoca es fruto de no detectar las anomalías o por informar erróneamente a sus padres, lo cual dio lugar al nacimiento.

Para podernos poner en situación presentamos el presente caso, en el cual el bebe nació con Síndrome de Down.La madre, una mujer de 39 años, da a luz un niño con Síndrome de Down. Por parte de los reclamantes se alega que el ginecólogo desaconsejó realizar una amniocentesis a la madre, prueba con la que se puede detectar este tipo de anomalías genéticas por considerarla innecesaria, a pesar de que la madre desde la primera visita parece ser que manifestó su voluntad de practicársela.

En la demanda, la reclamante manifiesta que su ginecólogo tampoco le informó en ningún momento de la posibilidad de realizar una prueba de cribado prenatal que valorase el alto riesgo de que el feto padeciera Síndrome de Down (test combinado), con la cual valorar la pertinencia de la realización de alguna técnica invasiva, como la amniocentesis, que evitase el resultado obtenido. Esto es independiente de los riesgos inherentes a la práctica de la amniocentesis.

Los demandantes solicitaban la condena al especialista de la cantidad de 400.000 € de indemnización más una pensión vitalicia de 1.600 euros mensuales a favor del menor, actualizables con el IPC. En el petitum de la demanda, se pueden observar claramente las dos acciones arriba referenciadas.

A la hora de defender este tipo de asuntos, es de gran importancia hacer reflejo del seguimiento del embarazo en la historia clínica, así como en caso de practicar la amniocentesis ofrecer toda la información a los progenitores, en concreto a la gestante, reflejándolo en el consentimiento informado de la técnica invasiva y en caso de rechazo de la madre, un consentimiento informado del rechazo, tal y como se indica en los protocolos de la SEGO. Probablemente es de los casos más especiales dentro de la ley de autonomía del paciente, pues esta prueba solo debería de tener un consentimiento informado si se realizase, pero es aconsejable, debido a los innumerables casos parecidos, el documentar cuando no se realiza.

Actualmente, el estado de la ciencia permite diagnosticar un importante elenco de anomalías genéticas, aunque dichas pruebas no resulten 100 % efectivas y conlleven un porcentaje de falsos positivos. Sin embargo, es lógico comprender por qué este tipo de reclamaciones son las que suelen conllevar indemnizaciones más elevadas y en consecuencia, a raíz de la modificación del nuevo baremo de tráfico, es de presumir que se eleven a partir de su entrada en vigor.

Por otro lado y para concluir, indicar que las acciones de wrongful birth fueron reconocida por primera vez en España por el Tribunal Supremo en 1997, definiéndola como:

“Grupo de casos de responsabilidad médica en relación con error en el diagnóstico prenatal por falta de realización o defectuosa realización del diagnóstico, produciéndose con ello la consecuencia (…) del riesgo de enfermedad congénita de la criatura concebida, resultando que el feto sufre la dolencia y nace con tales defectos, no disponiendo ya la mujer de la posibilidad de recurrir al aborto dentro del plazo legalmente establecido”

Por lo tanto, se establece como recomendación en todo proceso de seguimiento de embarazo una correcta y completa historia clínica por parte de todos los especialistas que puedan atender el embarazo, para evitar que podamos sufrir una reclamación con estas características que puede provocar un grave quebrando económico y del patrimonio para el profesional reclamado.