Infecciones hospitalarias, ¿negligencia o complicación?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al SERMAS a abonar 60.000 € por el fallecimiento de un paciente debido a la infección de una herida por una bacteria hospitalaria, al no poder probar el servicio público que adoptó las medidas profilácticas a las que está obligado. Nos referimos a las infecciones nosocomiales que son aquellas infecciones adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes en el ingreso de un paciente a un centro sanitario o en fase de incubación en el momento del ingreso.

Actualmente el termino nosocomial se ha venido sustituyendo por el concepto de “infección asociada a la asistencia sanitaria”, centrándose dichas infecciones en varios campos bastante diferenciados cuyo origen viene asociado bien a los nuevos procedimientos médicos y técnicas quirúrgicas más invasivas que propician nuevas posibles vías de infección, así como de origen bacteriano; microorganismos que provienen bien del propio paciente, del personal sanitario, cualquier otra persona que tenga contacto con el paciente (familiares), al igual que de otros paciente hospitalizados, puesto que al abrir nuevas vías de infección, debilitar y/o suprimir la inmunología del paciente o de patologías latentes de este, propician el desequilibrio que hace aparecer el agente infeccioso con el ingreso.

Las infecciones más habituales y recurrentes y que aun siendo previsibles son inevitables, siendo esto lo que marca la diferencia entre negligencia o complicación, pueden agruparse en:

– Infecciones respiratorias, asociadas a la intubación o ventilación mecánica de los pacientes.

– Infecciones quirúrgicas, originada en la propia intervención quirúrgica.

– Infecciones urinarias, debido a los cateterismos de las vías urinarias.

A día de hoy estas infecciones suponen una causa de mortalidad importante, con mayor frecuencia en centros públicos, debido a la afluencia de pacientes y el número de intervenciones diarias que en ellos se practican, por lo que es un punto a tener en cuenta ya que como hemos estado viendo, cada vez es más frecuente encontrarnos con una reclamación por una asistencia o actuación médica, que aun ajustándose a la lex artis ad hoc, propician la reclamación de un paciente.

Respecto al primero de los motivos que generan las infecciones intrahospitalarias, las intervenciones quirúrgicas; gracias al avance de la medicina y su continua actualización se han venido cambiando procedimientos y practicas a otras menos invasivas para determinadas intervenciones, que en gran número de ocasiones ha permitido minimizar los riesgos de contraer una infección pero sin que en ningún caso, se puedan eliminar totalmente el riesgo de infección nosocomial.

Aquí de nuevo, volvemos a recalcar la importante presencia del consentimiento informado en todas y cada una de las intervenciones a las que se somete el paciente, identificando como riego y/o complicación más frecuente a la infección, que ya puede ser de la propia herida quirúrgica, promovida por la intubación (se contemplaría en el consentimiento de anestesia) o por el estado inmunológico del paciente antes y tras ser sometido a una intervención.

No queremos decir que por la firma del correspondiente consentimiento informado, quedemos exentos de cualquier responsabilidad respecto a que un paciente contraiga una infección, puesto que la no observancia del mismo puede generar responsabilidades traducidas en un daño moral indemnizable económicamente, sin que tenga que mediar una mala praxis del profesional sanitario o de un defectuoso y/o negligente funcionamiento del servicio sanitario.

Así la sentencia EDJ 2012/27427 STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 13 enero 2012 comenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2000 a título de ejemplo, señalando que:

Por esta razón puede afirmarse y sirva ello a modo de adelanto, que la indemnización otorgada en la sentencia de instancia, habrá de quedar sin efecto aún para el caso de estimarse que se produce una ausencia de consentimiento informado, pues esta carencia se traduce exclusivamente en un daño moral y no de otro tipo según se ha indicado.

Asimismo y atendiendo al origen bacteriano de las infecciones nosocomiales, la práctica y la jurisprudencia, se inclinan a pensar que la mayoría de las infecciones contraídas por los pacientes en sus ingresos se producen por patologías latentes, o por agentes externos, que escapan de la responsabilidad de los centros sanitarios.

Cierto es que en todo caso todos los centros, deben de cumplir y tener sus propios protocolos para la prevención y control de las enfermedades entre los que se cuenta contar con las infraestructuras adecuadas para luchar y sobre todo prevenir, así como medias profilácticas; si bien no solo bastaría con poseer dichos protocolos sino que aun teniéndolos deben de ponerse en práctica y cumplir los parámetros que allí se establecen. Es lo que diferencia la actuación negligente al no poseer dichos protocolos o no aplicar adecuadamente los mismos, de lo que puede considerarse una complicación, que aun cumpliéndose los protocolos las infecciones se conocen pero inevitables.

Una de las peculiaridades de estos expedientes judiciales donde lo que se discute son las infecciones hospitalarias, es que se invierte la carga de la prueba, esto es, el reclamante no debe de probar que los protocolos no funcionaron o no se cumplieron sino que debe ser el reclamado, la administración, quien pruebe su existencia y cumplimiento.

Sirva de ejemplo la sentencia del TS de Dic de 2008 resolviendo el recurso de casación 6580/2004 que manifiesta:

“En el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005 , entre otras muchas”; añade que ” en materia de prestación sanitaria se modera tal exigencia de prueba del nexo causal en aplicación del principio de facilidad de la prueba, a que alude la jurisprudencia (Ss. 20-9-2005, 4-7-2007 , 2-11-2007 ), en el sentido la obligación de soportar la carga de la prueba al perjudicado, no empiece que esta exigencia haya de atemperarse a fin de tomar en consideración las dificultades que normalmente encontrará el paciente para cumplirla dentro de las restricciones del ambiente hospitalario, por lo que habrá de adoptarse una cierta flexibilidad de modo que no se exija al perjudicado una prueba imposible o diabólica, principio que, como señala la citada sentencia de 4 de julio de 2007, obliga a la Administración, en determinados supuestos, a ser ella la que ha de acreditar, precisamente por disponer de medios y elementos suficientes para ello, que su actuación fue en todo caso conforme a las exigencias de la lex artis ad hoc”.

Ángel Ramos
Abogado DS Legal Group

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