La importancia del consentimiento informado para los odontólogos

Los riesgos que cualquier tipo de intervención puede acarrear son siempre de esencial inclusión en cualquier consentimiento informado, máxime en estas profesiones donde el riesgo de reclamación es siempre un factor a tener en cuenta.

Esta semana analizamos el caso de un paciente que en diciembre de 2016 acudió a la consulta de su odontólogo para una revisión en la que se acabó evidenciando la necesidad de extraer la pieza número 36 y realizar un implante osteointegrado de la misma. La intervención se realizó en enero de 2017 y en abril y mayo del mismo año se llevaron a cabo más intervenciones relacionadas con esta pieza, sumando un coste total de 1.180 euros.

En agosto de 2018, mientras se encontraba en Italia por motivos de trabajo, el paciente fue sometido a una ortopantomografía debido a un fuerte dolor e inflamación en la pieza intervenida. La prueba evidenció la necesidad de extraer la corona del implante a causa de una inflamación gingival en la zona 35-36, teniendo, la visita de urgencia, la ortopantomografía y la intervención, un coste total de 105 euros, quedando acreditado éste mediante las facturas presentadas en el procedimiento.

A pesar de haber retirado la corona, el paciente siguió padeciendo fuertes dolores e inflamaciones recurrentes en la zona 36. Ante esta situación, acudió a otro odontólogo en octubre de 2018, el cual elaboró un informe médico que evidenció “una zona radiopaca en la zona distal al implante, a varios milímetros de profundidad crestal, compatible con un resto radicular o con una formación ósea de alta densidad”. Un mes después, el paciente se personó en la clínica donde le fue realizada la primera intervención, alegando que, como consecuencia de la mala praxis llevada a cabo por el odontólogo, sufría dolores e inflamaciones en la zona 36. Finalmente presentó una demanda contra el profesional sanitario por una cantidad de 8.000 euros.

La defensa del odontólogo alegó que en el consentimiento informado se le explicaron claramente al paciente las posibles consecuencias adversas que podían sobrevenir tras la intervención, siendo una de ellas la que finalmente sufrió, entendiendo también el magistrado que efectivamente sí se le habían explicado con detalle estas posibles complicaciones al paciente.

También se hizo hincapié por parte de la defensa en el hecho de que el informe de mala praxis elaborado por el último odontólogo hablaba solo de la situación en la que se encontraba el paciente cuando acudió a dicha consulta, no pudiendo acreditar que este estado fuera consecuencia de la primera intervención. Los argumentos fueron de nuevo compartidos por el juez, quien se mostró conforme con las alegaciones presentadas por la defensa.

El magistrado reflejó en la sentencia que, aun en el caso de que los argumentos esgrimidos por la defensa no hubieran sido válidos, la cantidad solicitada por el paciente era demasiado alta. Según explicó en la sentencia, al analizar la documentación aportada pudo observarse que la controversia partía del implante insatisfactorio de la pieza 36, no mostrándose el paciente en desacuerdo con las praxis de las intervenciones posteriores al implante. Esto repercutía en la cantidad reclamada, puesto que, si bien su controversia se basó exclusivamente en la mala praxis de la colocación del implante de la pieza 36, no haciendo mención alguna al resto de los servicios profesionales prestados, no descontó dichos servicios satisfactorios de la cantidad reclamada.

Asimismo, el juez insistió en el hecho de la que cantidad reclamada no se correspondía con la argumentación esgrimida por el reclamante, teniendo en cuenta que no se aportó ningún tipo de documentación que acreditara cómo los daños y perjuicios sufridos por el fracaso del tratamiento (contemplado dentro del consentimiento informado firmado por el paciente) le hubieran provocado algún tipo de limitación o impedimento.

En base a todos estos argumentos finalmente el juez decidió dictar sentencia absolviendo a las partes demandadas de las peticiones formuladas en su contra por el paciente, con imposición de costas a este último.