Macarena Iturmendi (DS Legal Group): «Siguen aumentando las reclamaciones a sanitarios»

Macarena Iturmendi lleva quince años defendiendo y formando a los profesionales de la salud. Abogada especializada en Derecho Sanitario de DS Legal Group, quizá el despacho con mayor actividad de nuestro país en este ámbito, y voz autorizada dentro del sector, analiza la actualidad de la profesión en un momento crucial para la sanidad.

¿Es necesaria más formación jurídica para que el profesional sanitario pueda ejercer su trabajo con tranquilidad?
Sin duda alguna. En este sentido, nuestra labor como letrados especialistas en Derecho Sanitario, además de la defensa del profesional ante cualquier reclamación, conlleva un asesoramiento integral para la gestión de riesgos, de forma que el profesional sanitario disponga de las herramientas y los conocimientos necesarios para minimizar, en lo posible, reclamaciones futuras.

¿Es un problema de base, es decir, falta formación jurídico-sanitaria en las facultades de Medicina? ¿O es un problema de posgrado o formación continuada?
Siempre hemos considerado y promovido la necesidad de una Cátedra de Derecho Sanitario; sirva como ejemplo la de la Fundación Uniteco en la Universidad de Alcalá de Henares, con la que los profesionales de DS Legal Group colaboramos, con el objeto de incrementar la calidad de la práctica clínica y de fomentar la seguridad del profesional y del propio paciente. Pero, igualmente, ante la actual importancia del Derecho Sanitario, se han originado desde el ámbito académico programas de doctorados, másteres y estudios avanzados sobre esta materia, que complementan la formación del profesional en este ámbito y que ayudan a la formación continuada, que consideramos imprescindible.

¿Son importantes algunos elementos que el profesional maneja prácticamente a diario por ser un foco de reclamaciones?

Así es. El profesional sanitario maneja, en su práctica clínica diaria, numerosos elementos susceptibles de futuras reclamaciones, cobrando especial relevancia, por ejemplo, la historia clínica del paciente o los documentos de consentimiento informado, de tal forma que un correcto manejo y cumplimentación de la documentación clínica no solo puede evitar futuras reclamaciones, sino que, además, puede facilitar la defensa de manera exponencial una vez recibida la reclamación.

¿Existe una tendencia al alza en lo que a reclamaciones a sanitarios se refiere en este momento?
Desafortunadamente existe esa tendencia y la sufrimos a diario. Nos encontramos en tiempos de especial dificultad tanto para el paciente como para el profesional sanitario, y las reclamaciones han ido sorprendentemente en aumento, parece que olvidando la encomiable labor que el sector de la salud ha realizado en primera línea de la crisis y continúa realizando en la actualidad.

¿Cómo es posible que un colectivo que ha sido poco menos que venerado al inicio de esta crisis sanitaria pueda pasar a ser vilipendiado en tan poco tiempo?
No se comprende. Hemos pasado del aplauso a la reclamación y el olvido en pocos meses. El sector sanitario ha luchado en beneficio de todos sin apenas protección y en unas condiciones durísimas, pero parece que la memoria es muy frágil.

Informaciones publicadas recientemente advierten no solo de reclamaciones, sino también de un aumento de las agresiones a sanitarios con respecto a 2019…
Es cierto, las agresiones al profesional sanitario han aumentado respecto al año anterior, lo cual resulta alarmante, teniendo en cuenta que muchas de ellas ni siquiera se denuncian. El momento de incertidumbre y de nerviosismo actual no puede repercutir de manera tan injusta sobre el profesional, cuya vocación de ayuda, siempre al lado del paciente y de sus necesidades, resulta indiscutible.

¿Hasta qué punto protege al profesional el seguro de Responsabilidad Civil de las administraciones públicas? ¿Cree que es necesario contratar un seguro privado aunque se ejerza únicamente en la sanidad pública?
Desde mi punto de vista, para el ejercicio tranquilo de su actividad, el profesional sanitario ejerciente en las administraciones públicas debe contar con un seguro privado que complemente las carencias de la póliza contratada por el servicio público de salud en el que ejerza, por múltiples razones. Existen servicios de salud que no ofrecen cobertura a sus profesionales porque los concursos para su aseguramiento han quedado desiertos, otros que incorporan franquicias que obligan al profesional a responder con sus propios bienes y otros que, en el supuesto de una inhabilitación profesional, por ejemplo, no ofrecen ningún capital de cobertura durante ese periodo.