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Ocho años de pena de banquillo por la muerte de un bebé

By Lex Sanitaria in Sentencias 12 marzo, 2019

Pocas veces se presta atención a lo que viven los médicos cuando son acusados de mala praxis en sus actuaciones asistenciales. Habitualmente se cuentan los casos a posteriori, en los que se plantea la acusación, el trabajo de la defensa tratando de aportar luz al caso con informes periciales y la documentación que dé fe de lo que realmente ocurrió.

Este caso se alargó durante 8 años, especialmente largos para los médicos acusados, quienes tuvieron que seguir trabajando durante todo ese tiempo bajo la presión de la amenaza de prisión e inhabilitación.

La acusación la recibió un equipo de neonatólogos, bajo cuyo cuidado había fallecido un recién nacido. El análisis forense detectó que el bebé tenía un brazo roto y un hematoma subdural. El informe médico aportado por la acusación entendía que esas lesiones eran compatibles con una caída. A esto se le sumó el informe de un perito especialista en Pediatría, que afirmaba que no se habían realizado las pruebas pertinentes para detectar el hematoma.

De este modo se acusó inicialmente a todo el equipo que había participado en la atención: ginecólogos, enfermeros, traumatólogos y neonatólogos. Al no poder demostrarse su vinculación con la supuesta caída, se acusó a estos últimos.

El Ministerio Fiscal mantuvo en todo momento acusaciones muy graves contra el equipo médico de la UCI: ocultación de la verdad, errores diagnósticos y actuaciones médicas contrarias a una praxis normal. De hecho, se llegó a afirmar que se había ocultado la caída del recién nacido, las lesiones supuestamente provocadas y la no valoración correcta de las mismas, falsificando incluso el certificado de defunción.

La Fiscalía pedía 3 años de prisión y 4 de inhabilitación para cada uno de los médicos, además de una indemnización de 300.000 euros para la familia del fallecido.

A todo ello se le sumó el condicionante de que el caso se convirtió en mediático al ser publicado en prensa. Los neonatólogos no solo tenían la presión de ver su reputación puesta en duda en sede judicial, sino también en el ámbito público.

Tras más de 10 horas de juicio, las pruebas periciales de la defensa demostraron que las lesiones no eran compatibles con una caída, sino que por parte de la unidad de Neonatología se siguieron todos los protocolos con el recién nacido. Además, la historia clínica demostraba plena normalidad en la atención y la realización de las pruebas diagnósticas necesarias en los días anteriores al fallecimiento, que descartaban la existencia de hematomas subdurales.

La sorpresa llegó al final del juicio, ya que el magistrado decidió emitir una sentencia ‘in voce’. Este es un tipo de sentencia que se dicta de manera inmediata en los procedimientos penales. Es una excepcionalidad, más aun si cabe en procedimientos de Responsabilidad Civil Profesional. La sentencia se dictó en ese mismo momento, absolviendo a los acusados, no teniendo que esperar a los plazos normales hasta que se dicta sentencia, normalmente de unos 2 o 3 meses tras el juicio.

La clave del éxito en esta sentencia fue el trabajo en equipo, realizado por peritos especialistas, abogados especializados y la colaboración de los profesionales de la salud. Es cierto que en los procedimientos lo fundamental es la verdad, pero también hay que saber probarla, pues en ocasiones no se tienen en cuenta criterios racionales al dejarse llevar la acusación por las pasiones y las emociones.

Durante este tiempo, los médicos dispusieron de un equipo de abogados con los que prepararon todas las declaraciones, testificales, pruebas periciales, protocolos y un sinfín de diligencias probatorias para demostrar que las actuaciones médicas eran correctas y ajustadas a la lex artis.

Los 8 años de este procedimiento se tradujeron en más de 4.000 folios de actuaciones penales, con más de 5 informes periciales de diferentes especialidades: Neonatología, Radiología, Medicina Legal e Infecciosas. Este trabajo demuestra la necesidad de contar siempre con profesionales con años de experiencia y de continuidad, ya que las diferentes fases de los procesos judiciales se alargan en el tiempo más de lo deseable.

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