Ocho años de sufrimiento hasta poder recuperar la tranquilidad por un informe pericial incorrecto

La criminalización de las actuaciones de los profesionales sanitarios está produciendo un verdadero desánimo en el colectivo, un miedo constante en la relación entre médicos y pacientes, y una judicialización de la actividad médica.

La nuevas reformas legislativas lejos de proteger al colectivo sanitario ha provocado un efecto totalmente inverso: los profesionales ahora están obligados a acudir continuamente a los juzgados a dar explicaciones por sus actuaciones médicas o a reinterpretar sus historias clínicas o a que sean miradas como “testamentos” que serán utilizados en la vía judicial para obtener una resolución favorable.

La ley de tasas, la justicia gratuita y la objetivación paulatina de la responsabilidad profesional del médico son algunas de las razones que han provocado esta sensación de inseguridad que se traduce en verdaderas historias esperpénticas de gran sufrimiento para el profesional.

En la sentencia de la semana abordaremos el caso de un traumatólogo que a pesar de haber realizado una actuación médica impecable y resuelto la situación médica se vio enjuiciado penalmente solicitándose por la fiscalía un año de inhabilitación profesional por una quemadura que apareció en la paciente durante el postoperatorio.

El esperpento judicial se produce como consecuencia de un informe pericial en el que se dice que, a pesar de no tener el perito experiencia sobre la técnica realizada, entiende que el material se dejó alojado en un lugar inadecuado y que, personalmente, no veía que fuera el mejor sitio para colocarlo.

Fruto de este informe y a pesar de toda la batería de pruebas de peritos especialistas que contrarrestaban tal afirmación se tuvo que celebrar juicio penal con la inseguridad e intranquilidad que ello genera.

Durante el juicio el propio perito se retractó ante las preguntas reafirmando que no era especialista y que no veía como mala praxis la actuación del médico acusado.

El resto de médicos, que sí eran especialistas, avalaron la técnica y toda la actuación médica realizada en el quirófano confirmando que se hizo todo dentro de la normalidad y en cumplimiento de la lex artis ad hoc. Es más, a la causa se aportaron vídeos como elementos de prueba para demostrar que el lugar adecuado para dejar el material era encima del paciente por ser la zona estéril y de fácil maniobrabilidad para el especialista.

La sentencia no solo concluyó que no había pruebas de que se hubiera realizado una infracción o una imprudencia médica sino que además no existían pruebas de que la causa de la quemadura fuera como consecuencia de la intervención y que esta pudo producirse en otro momento.

Es cierto que finalmente se logró justicia y cordura en este hecho pero quién satisface al profesional de todos los daños causados por esta situación, noches sin dormir, tiempos de defensa, y un largo etcétera.

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