Peritos y consentimientos, fundamentales para defenderse de acusaciones de mala praxis

Una paciente interpuso una demanda contra un neurocirujano reclamando 90.000 euros en concepto de daños y perjuicios por una intervención quirúrgica de hemilaminectomía izquierda, al considerar que había sido realizada de manera incompleta por padecer una estenosis bilateral.

Todo comenzó cuando la paciente, diagnosticada de discopatía con estenosis y obliteración foraminal bilateral y, tras haber sido intervenida 18 años antes, acudió al centro donde fue intervenida por el neurocirujano que posteriormente sería demandado.

Tras la cirugía la paciente alegó que notó un empeoramiento, descubriendo que únicamente había sido intervenida del lado izquierdo de la estenosis, quedando, a su criterio, incompleta la intervención. La demandante consideró que el empeoramiento del dolor y la impotencia funcional fueron consecuencia de la intervención quirúrgica. Asimismo, la paciente intervenida expuso que no recibió información suficiente sobre otras alternativas, como la laminectomía bilateral, generando una pérdida de oportunidad.

Para apoyar su demanda la paciente aportó un dictamen pericial donde se estimó que la intervención realizada fue incompleta, pudiendo haberse realizado de forma bilateral en el mismo acto quirúrgico, mejorando así los dolores que la paciente sufría y evitando la cronicidad de estos y, a su vez, hubiese evitado la circunstancia de tener que ser intervenida nuevamente.

El médico demandado, aportó en su contestación, otro dictamen pericial que consideraba que se realizó una cirugía correcta y adecuada a su patología, en base a los estudios de RM lumbar y de EMG, llevando a cabo una hemilaminectomía izquierda, siendo la parte más afectada para, de este modo, liberar el canal raquídeo procediendo a la fijación del segmento lumbar.

Por tanto, alegó el doctor que no se podía afirmar que la cirugía de laminectomía bilateral hubiera evitado la perpetuación de los dolores, teniendo en cuenta que se trataba de una cirugía compleja donde existían diversos procedimientos, todos ellos válidos, los cuales debían ser valorados por el doctor.

Dicho esto, fue insuficiente para fundar la existencia de mala praxis el hecho de que en la resonancia magnética se viese que la estenosis era bilateral. Y es que no se pudo demostrar que toda estenosis bilateral es dependiente de un tratamiento con laminectomía bilateral. Por tanto, no puede considerarse que una hemilaminectomía izquierda sea una cirugía incompleta.

A este último punto, el criterio del cirujano interviniente, se acogió la sentencia para probar el correcto cumplimiento de la lex artis por parte del médico, sosteniendo que debía prevalecer el criterio del cirujano que realizó la operación, considerando suficiente la hemilaminectomía. Por tanto, consideró que el criterio pericial de un médico perito no especialista en la materia resultó insuficiente para justificar la existencia de mala praxis, atendiendo a que los peritos de la parte demandada, especialistas en neurocirugía, consideraron correcta la intervención.

Con respecto al resultado fallido de la hemilaminectomía izquierda que alegó la paciente, se destacó que en una consulta médica posterior a la cirugía la paciente refirió no tener dolor y sentirse bien; luego, en otra consulta posterior, sí manifestó dolor en el miembro inferior derecho, lo que le llevó a considerar que había sido intervenida de manera fallida. En este caso, lo cierto es que la paciente sufría una enfermedad degenerativa que afecta a la columna lumbar y, en el momento en que se decidió operar, el predominio de la afectación era izquierdo. Por ello, no pudo concluirse que el hecho de que la operación no hubiera logrado eliminar la sintomatología del lado derecho implicara que la intervención quirúrgica había fracasado.

En conclusión, se destacaron algunos puntos relevantes que hicieron que el juez absolviera al neurocirujano: la importancia del traslado de la información adecuada al paciente, la puesta en valor del criterio profesional del médico a la hora de tomar decisiones y, especialmente, el punto fundamental de contar con un perito especialista cuando se afronta un procedimiento judicial.