Radiología: Condena de 200.000 € por no contar con un anestesista en una CPRE

En multitud de actos médicos no existen protocolos que indiquen al 100 % los pasos que se deben seguir o el personal con el que se debe contar. Estas lagunas, debidas a la propia naturaleza de la medicina –que no es una ingeniería-, es donde los peritos defienden la actuación de los médicos o la acusación trata de rebatir la técnica empleada. En el caso de esta semana el juez terminó por inclinar la balanza hacia los familiares del paciente.

La doctoras demandadas llevaron a cabo una colangio pacreatografía retrograda endoscópica (CPRE) a un paciente tras la cual sufrió una parada cardiorrespiratoria y acabó muriendo.

Los motivos de la reclamación fueron la falta del preceptivo consentimiento informado para la realización de la intervención, mala praxis médica al no tenerse en cuenta los antecedentes del paciente, lugar incorrecto donde se realizó la técnica y la necesidad de que durante la técnica asistiera también el anestesista.

Los demandados, a lo largo del procedimiento y mediante las pruebas propuestas consiguieron acreditar que el paciente estaba correctamente informado del acto médico y de los riesgos anestésicos, no solo a través del consentimiento informado firmado por el paciente, sino por la hoja de autorización de intervención que el paciente también tuvo que firmar a la entrada del centro médico donde se realizó la intervención, así como en la historia clínica donde aparecen las consultas del paciente hasta que se decidió esta prueba.

Las doctoras demandadas también pudieron salvar la crítica realizada respecto al hecho de no tener en cuenta los antecedentes personales por cuanto que la historia clínica que se aportó en el juicio demostró que se tuvieron en cuenta todos los aspectos relativos al paciente y la obesidad que el mismo presentaba por lo que no puede hablarse de mala praxis ni mala planificación.

Frente a la reclamación sobre el lugar en donde se realizó la CPRE -sala de radiología- las pruebas y periciales demostraron que el lugar habitual donde se realiza esta técnica es en esta sala y que no puede por ello -conociendo el resultado final- decir que el lugar idóneo era el quirófano.

Distinta suerte tuvo la defensa respecto a la no necesidad de que en este tipo de técnica no deba estar presente el anestesista. En el procedimiento los distintos periciales que declararon tuvieron posiciones contradictorias por lo que el juez en virtud del principio de sana crítica y tras la prueba de las periciales decidió dar mayor verosimilitud al perito de la reclamante.

El juez entendió que debería de haber asistido el anestesista quien, como especialista cualificado, se habría ocupado de mantener las funciones vitales del paciente y hubiera posibilitado su inmediata reanimación adoptando las medidas oportunas hasta que se superase la situación de riesgo vital acaecida.

El juez llega a esta valoración, vía inductiva, al considerar que el propofol al ser un anestésico intravenoso de acción corta, por sus efectos, entre los que se encuentra la depresión respiratoria y en atención a los riesgos del paciente debe ser administrado por un especialista que pueda controlar continuamente al paciente, teniéndolo monitorizado y con acceso a los equipos de reanimación. Si bien el juez recoge que no se recoge regulación legal por la que se determine cuál es la obligación de que estuviera el anestesista o la posibilidad de que dicha medicación fuera administrada por médico no especialista no es óbice para privar al paciente de la disposición de medios necesaria para una mejor supervivencia del paciente. No se puede olvidar que tras comprobarse la parada respiratoria, se avisó a los intensivistas quienes hasta llegar a la sala de radiología tardaron 5 minutos en intubar al paciente hecho que provocó la muerte del paciente por la hipoxia sufrida.

Como consecuencia de esta falta de disposición de medios a favor del paciente el juzgador condenó finalmente a los demandados a indemnizar a la familia con 200.000 € por no haberse contado con un anestesista que monitorizara la intervención, además de al centro por haber autorizado dicha intervención sin la intervención de este especialista.