Los estatutarios temporales pueden reclamar los trienios a la Administración Pública

En el ámbito de la Administración Pública, nos encontramos con el problema del personal estatutario temporal al que se le niega el derecho del complemento por trienios. Esta exclusión se basa en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto Marco, aunque en contradicción con la jurisprudencia reciente. En este sentido, los profesionales se ven en la obligación de llegar hasta los tribunales de justicia para encontrar tal reconocimiento.

La reclamación se inicia en la vía administrativa ante la correspondiente Dirección de Gerencia del Centro que por norma general emite resolución desestimatoria negándose a reconocer el derecho a la percepción de los trienios consolidados, con el argumento de que el personal estatutario temporal no tiene derecho a su percepción.

Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su notificación, que resolverá el órgano inmediatamente superior en el plazo de 3 meses. Es habitual la desestimación del recurso por la vía del denominado silencio administrativo negativo. De esta forma se deja al administrado sin respuesta, viéndose en la obligación de buscar asesoramiento jurídico para continuar con su reclamación en vía judicial. Todo ello con el consiguiente coste de disponer de un abogado.

El argumento de la Administración para denegar estos recursos se ampara en el artículo 44 del Estatuto Marco en la que se establece que este personal percibirá la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias, con excepción de los trienios. Sin embargo no tiene en consideración una ley posterior, el Estatuto Básico del Empleado Público de 7/2007 de 12 de abril que en sus artículos 2.3 y 4 dispone:

“El personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán (…) por lo previsto en el presente Estatuto (…).Cada vez que en este Estatuto se haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud. Asimismo obvia la Disposición Derogatoria Única de dicha Ley 7/2007 que deroga todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este Estatuto”.

Por lo tanto esta ley estableció el derecho del personal temporal a percibir los trienios al adaptar una directiva europea de obligado cumplimiento.

Esta ley puede ser invocada por los particulares antes sus tribunales nacionales en cuanto a las cláusulas que prohíben la discriminación por razón del vínculo temporal, también a efectos de retribución por la antigüedad.

Pero no solo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha dictado varias sentencias en este sentido sino también todas las instancias jurisdiccionales de este país mediante sentencias en las que manifiestan que la temporalidad no puede justificar que a trabajo igual no se pague un salario igual y reconociendo la obligatoria aplicabilidad de la directiva 1999/70/CE.

Ya existen numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolviendo casos iguales al planteado, entre otras:

“La Sentencia 921/2011 de la Sección 7ª del TSJ Madrid, desestima el recurso de apelación 340/2011 presentado por el Letrado Dª Eulalia Trancón Pascual en nombre del SERMAS, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de los Contencioso Administrativo num. 6 de Madrid en el P.A: 69/2009, reconociendo el derecho de la Recurrente “a percibir el complemento retributivo relativo a los trienios respecto a los Servicios Prestados en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sus Órganos autónomos, Órganos de Gestión y demás Entidades de Derecho Público y Entes del Sector Publico de ella dependientes”

Y la Sentencia 945/2011 en relación al Recurso de Apelación 566/2011 en su Fundamento de Derecho Primero dice literalmente:

”Esta argumentación se complementa con la afirmación de que el complemento relativo a los trienios por el tiempo trabajado como personal laboral, sus efectos económicos no prescritos, han de ser necesariamente reconocidos, en aplicación de la directivo 1999/70/CE, habida cuenta del efecto directa de la misma.”

Y estas razones están no solo avaladas sino tomadas de numerosas sentencias dictadas por este Tribunal, sin ser rebatidas en la apelación, que sigue insistiendo en la aplicación exclusiva del artículo 44, sin ofrecer ningún argumento revocatorio. En el fundamento de derecho segundo declara la procedencia de la condena en costas a la parte recurrente porque la controversia está ya muy consolidada por numerosas sentencias de esa misma Sala.

Por todo lo anterior es habitual la declaración de dicha resolución recurrida como nula de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley 30/1992. A pesar de los recursos inicialmente rechazados, el profesional médico puede cobrar estos trienios en virtud de la directiva comunitaria 1999/70/CE, que todavía no está aplicada en nuestras leyes, pero que debía estarlo desde el 10 de julio de 2001.

Silvia Moya Moyano
Abogado DS Legal Group

Dejenos su comentario.