Reclaman 45.000 euros a un oftalmólogo por un consentimiento informado incompleto

 

Las cirugías refractivas son las intervenciones por las que más reclamaciones reciben los oftalmólogos. En este caso un paciente reclamó 45.000 euros por daños y perjuicios, al no conseguir el objetivo previsto de la cirugía y empeorar su situación. Añadía, además, que el consentimiento informado era demasiado genérico. 

El paciente acudió a consulta para corregir su hipermetropía y astigmatismo y evitar el uso de gafas y lentillas. Tras ser examinado, el médico concluyó que era apto para realizar una cirugía refractiva mediante la implantación de una lente fáquica intraocular de cámara posterior tórica en ambos ojos.  

Dos meses más tarde, se le realizaron las iridotomías preventivas con láser en ambos ojos y se llevó a cabo la cirugía en el ojo derecho con un resultado satisfactorio, pero a las 24 horas presentó un bloqueo pupilar que llevó a la retirada de la lente. En el examen del día siguiente se observó una explantación correcta con dos puntos de sutura en zona superior y se pautó un tratamiento tópico con antiinflamatorio y antibiótico. A los cinco días la situación post operatoria era correcta. En revisiones posteriores, se observó una sinequia iris-cristalino por lo que se decidió solucionarlo en el quirófano. 

Meses después, y según los parámetros que presentaba la situación en ambos ojos, la intervención fue efectuada de manera correcta y se obtuvo una agudeza visual máxima con corrección. El diagnóstico fue “situación correcta en ojo derecho, bloqueo pupilar totalmente resuelto. La graduación y la visión del ojo derecho son iguales a los valores preoperatorios”. 

El paciente aportó un informe pericial en el que se expuso la ausencia de consentimiento informado y se señalaba que la profundidad de la cámara era insuficiente para acoger la lente intraocular ya que las medidas del ojo estaban por debajo de lo aconsejado por protocolo. La conclusión de este perito fue que el paciente no era un candidato apto para la corrección de su defecto mediante una lente fáquica de cámara posterior en ninguno de los dos ojos, por lo que no debió indicarse dicha operación. La intervención causó un glaucoma agudo por bloqueo pupilar angular, provocando un dolor agudo e intenso inmediato, porque las patas de la lente interfirieron mecánica e inflamatoriamente en el normal flujo de salida del humor acuoso a nivel del ángulo en la cámara posterior del polo anterior ocular. 

Se alegó que el consentimiento informado era demasiado genérico, inconcreto e incompleto, sin detallar los riesgos generales de la intervención a fin de facilitar su decisión, ni de los objetivos y beneficios que se esperaban alcanzar. También añadieron que no constaban los consentimientos de las iridotomías en ambos ojos, ni de la explantación de la LIO, así como de la pupiloplastia. 

La sentencia recogió que el paciente firmó hasta ocho consentimientos informados redactados exhaustivamente. Consta expresamente en dichos documentos que, si necesitaba alguna explicación o pregunta complementaria, debía hacerlo antes de firmar el presente consentimiento. Se dictó que los consentimientos no pueden recoger el cien por cien de todas las complicaciones. Se afirmó, asimismo, que los consentimientos recogen siempre la mayoría las cosas malas y no todas las cosas buenas. 

También se puso de manifiesto que la historia clínica era completa y se estimó positivamente que se hubiera realizado un tratamiento muy común en oftalmología. El doctor alegó que el paciente no había perdido agudeza visual ni había aumentado la graduación, por lo que no había defecto de la visión relativo a estos extremos achacable a la cirugía. El glaucoma que sufrió el paciente estaba reflejado en el consentimiento informado y era independiente de la praxis médica. También declaró que la cirugía fue impecable y que se consiguió el mejor resultado posible. 

Por último, se explicó que la obligación del médico es de medios y no de resultados, concluyendo que la operación elegida era la correcta, sin que hubiese error profesional o negligencia alguna del acusado, necesario para responsabilizarle del daño por el que se le demandó.