Revocada una sentencia de casi 800.000 € contra un dentista

Hace unas semanas nos hacíamos eco de la sentencia contra un odontólogo en la que se le obligaba a pagar una cuantiosa indemnización de cerca de 800.000 € por los daños materiales, funcionales y estéticos sufridos por un paciente que perdió su mandíbula tras una osteonecrosis surgida tras un proceso implantológico. Esta sentencia fue recurrida al entender la defensa que no existían razones para relacionar el proceso sufrido por el paciente con la actuación realizada por el doctor.

Repasando los hechos, recordamos que el paciente había sido operado de un linfoepitelomia de cavum once años atrás, lo que exigió un tratamiento de radioterapia en cuello y mandíbula. Con estos antecedentes el paciente acude a la clínica del doctor demandado para solucionar un problema de movilidad en las prótesis dentarias de ambas mandíbulas; en aquel momento carecía de cualquier pieza dental.

Además del cáncer sufrido años atrás, los antecedentes médicos no eran relevantes. Ese mismo mes se le colocaron cinco implantes en la mandíbula inferior, tras haberle realizado una ortopantomografía o radiografía panorámica como única prueba previa.

Al sufrir inmediatos dolores, se le sometió a tratamiento que consistió en lavados con tetraciclinas y colocación de un injerto de colágeno humano, que no consiguió resolver la situación, motivo por el cual fue solicitada una interconsulta con el doctor, quien apreció una osteonecrosis mandibular un mes después de que se le colocaran los implantes.

De esta manera se consideró conveniente someterle a una gammagrafía vascular, ósea y SPECT. A renglón seguido fue sometido a 30 sesiones de oxígeno hiperbárico, continuando los dolores en la mandíbula y apreciándose nuevamente osteonecrosis mandibular. Tras estas sesiones el paciente mejora en los cuadros de dolor. Dos meses después vuelve a ingresar en el hospital para la realización de estudios angiográficos previos a la cirugía reconstructiva, apareciendo la obstrucción de la arteria ilíaca externa y obstrucción completa de CCD, CID y CED.

Lo que se discutió en la apelación fue cuál era el origen de todos estos síntomas y si la colocación de los cinco implantes eran la causa inmediata por la que se había desencadenado todo el proceso, además de dilucidar si el doctor había sido negligente al no tomar en cuenta la supuesta relación entre la radiación a la que se sometió el paciente once años atrás con la patología vascular que apareció tras la colocación de los implantes.

Además, en esta segunda instancia se aceptó la declaración de dos testigos peritos que permitieron conocer mejor la evolución de los hechos y arrojar luz sobre aspectos controvertidos de la enfermedad. Debido a un error se apuntó en la historia clínica que el paciente sufría una osteorradionecrosis –en lugar de la osteonecrosis que se diagnosticó desde el principio- lo cual dio lugar a que se facilitara la creencia en el primer juicio de que existía una relación entre el problema vascular y la radiación sufrida por el paciente años atrás.

La problemática surge porque la patología vascular no era en absoluto patente y, es más, el doctor en sus manifestaciones señaló que él no tuvo más remedio que proceder a realizar pruebas para comprobar el estado vascular porque iba a reconstruir, sin que las mismas fueran necesarias a la hora de colocar unos implantes.

De esta manera se pudo demostrar que no existió defecto en el consentimiento informado dada la situación que presentaba el paciente en el momento en que acudió a la clínica demandada, tampoco existió precipitación ni mala praxis por el hecho de haber realizado los cinco implantes en una sola sesión y las pruebas previas realizadas fueron suficientes dados los antecedentes y el tiempo transcurrido. Tampoco presentaba osteorradionecrosis en el momento en que se le realiza la intervención , sino una osteonecrosis, si bien con más probabilidad, no en aquel preciso momento sino unos meses más tarde, pero como consecuencia de una vasculopatía periférica generalizada que era por completo imprevisible.

De esta manera la Audiencia Provincial establece que no existió un nexo causal puesto que las consecuencias de la colocación de los injertos no se debieron a osteorradionecrosis sino a una osteonecrosis que tuvo lugar como consecuencia de una vasculopatía no aparente e imprevisible, por lo que se absolvió tanto al doctor como a la clínica.

 

2 Comentarios

  1. Insisto en mi comentario al artículo original, tras la revocación de la sentencia condenatoria: ¿Quién resarce al odontólogo del daño causado por la primera sentencia a todas luces injusta y ahora claramente errónea? ¿Porqué no se puede denunciar por daños y perjuicios al Juez que le condenó injustamente? ¿Quién juzga al juzgador?. En un caso equivalente, de error médico subsanado por otro profesional, se reclamaría y muy probablemente se condenaría al primero al menos por la responsabilidad civil derivada de la demora diagnóstica y/o terapéutica y los daños morales causados… ¿Hay dos varas de medir en la justicia?…

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    • En estos casos la llamada ‘contrademanda’ siempre corresponde a la iniciativa de quien se siente perjudicado. Normalmente, tras pasar meses de incertidumbre con su caso en los juzgados, quien ha pasado por esto no suele querer volver a pasar por lo mismo, aunque sepa que tiene razón. Aun así los hay que sí demandan por verse injustamente reclamados.

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