Dos pediatras denunciados por imprudencia médica tras el fallecimiento de un recién nacido

Padres interponen denuncia por una supuesta imprudencia médica contra dos pediatras en relación con el fallecimiento de su hijo recién nacido. El menor ingresa en pediatría tras nacer, para el tratamiento de una hiperbilirrubinemia isoinmune en rango fototerápico. No existía clínica alguna a nivel gastrointestinal y en la exploración física del niño no se hallaron síntomas de proceso infeccioso grave. En urgencias se le exploraron los distintos sistemas y aparatos corporales. Se le tomaron constantes y se le practicó la analítica pertinente con Bioquímica y gases, a la vista de todo ello, se indicó el ingreso por Hiperbilirrubinemia en Rango Fototerápico, para fototerapia continua.

Padres denuncian a dos pediatras por el fallecimiento de su hijo recién nacido

La madre del bebe observó dos deposiciones con hilillos de sangre y verdosas observadas, además de vómitos. Como consecuencia de ello, se le realiza una nueva exploración clínica completa del menor, con valoración física por parte de los pediatras. Asimismo, se le realiza un nuevo control de hemograma y bioquímico, se pautó dieta y sueroterapia. Se realizó ecografía a la vista de la cual se decide el traslado a la UCI pediátrica por sospecha de cuadro obstructivo abdominal y /o enterocolitis. Finalmente, el menor fallece.

En el juicio, la parte denunciante no aportó argumentos para considerar que se hubiera trasgredido la lex artis. La medicina (salvo la medicina estética) es una obligación de medios y no de resultados, de manera que, la existencia de una complicación y de un efecto no deseado no determina ipso iure responsabilidad penal por negligencia profesional. En cambio, el informe del médico forense concluye que no se actuó contraviniendo la lex artis, sino al contrario.

De esta manera, la Audiencia acordó el sobreseimiento del procedimiento. El informe del médico forense no desprende que la actuación del personal médico no se ajustase a la lex artis, sin que haya incrementado el riesgo permitido. No es que no hicieran nada, y en lo que hicieron, no se puede apreciar una negligencia patente, sino que la actuación se ajustó a la lex artis.

La Audiencia sobreseyó el caso ya que el informe médico forense no desprende que la actuación personal médico no se ajustase a la lex artis

Hay que recordar que, es doctrina jurisprudencial reiterada que los dictámenes y pericias emitidas por Organismos o Entidades Oficiales, ofrecen toda clase de garantías técnicas y de imparcialidad para atribuirles «prima facie» validez plena, dada la imparcialidad, objetividad y competencia técnica de los miembros integrantes.  En relación con los informes emitidos por el Médico Forense, su valoración es generalmente aceptada por los Tribunales por la independencia, exclusividad y dedicación profesional, imparcialidad y ecuanimidad que rodea la actuación del facultativo judicial, cuyos dictámenes integran referencias no vinculantes, pero importantes, de la trascendencia de los supuestos sometidos al enjuiciamiento de los tribunales.

Demanda de 75.000€ al traumatólogo y a su aseguradora

Una paciente fue sometida a una artroscopia para la eliminación de una calcificación en el hombro izquierdo. Tras la intervención, a la paciente se le diagnosticó una afectación del tronco superior del plexo braquial izquierdo, con evidencia de daño axonal severo en fibras para nervio axilar y leve en el nervio músculo-cutáneo.

Tras una artroscopia para la eliminación de una calcificación en el hombro izquierdo, una paciente termina con una discapacidad del 33%

Como consecuencia de esta situación, a la paciente se le reconoció provisionalmente una discapacidad del 42 % por lesión de plexo braquial de etiología iatrogénica. Posteriormente, el grado de discapacidad es reducido al 33% tras la estabilización de las secuelas de la intervención.

Ante esta situación, la paciente demandó al traumatólogo que la intervino y a su aseguradora solicitando la cantidad de 75.000 €. En el procedimiento, además de valorarse diversas excepciones de índole procesal, también se entró a valorar respecto a la responsabilidad de los facultativos sanitarios. El Tribunal Supremo, en jurisprudencia ya consolidada, distingue entre las actuaciones médicas e intervenciones realizadas con intención curativa y las actuaciones o intervenciones con la intención de la consecución de un resultado meramente estético.

Nuestro Alto Tribunal señala que, en el primer supuesto habría que considerar la relación entre médico y paciente como un arrendamiento de servicios, debido a varios factores (la naturaleza mortal del hombre, los conocimientos científicos actuales insuficientes para la curación de algunas enfermedades, y que los pacientes reaccionan de forma diferente ante el mismo tratamiento) puesto que es imposible asegurar el resultado de la curación, entendiendo el Tribunal Supremo, que si el facultativo pone todos los medios para conseguir la curación del paciente, se considerará adecuada su actuación, entendiendo que se trata de una obligación de medios.

Nuestro Alto Tribunal señala que, en el primer supuesto, habría que considerar la relación entre médico y paciente como un arrendamiento de servicios

En el segundo caso, el Tribunal Supremo señala que la jurisprudencia anterior acercaba esa relación médico-paciente a la del arrendamiento de obra. Se exigía una mayor garantía en la obtención del resultado que motivaba la intervención. Actualmente, esta obligación del médico, está matizada por nuestro Alto Tribunal que señala que se declarará la responsabilidad del facultativo cuando el paciente pruebe que la actuación del médico ha sido negligente y contraria a la lex artis o cuando se haya producido un daño desproporcionado del que se pueda apreciar que es culpa del facultativo.

Lo que se deduce, es que esa actuación negligente o contraria a la lex artis debe ser probada en todo caso por el paciente, independientemente de si la intervención o actuación sanitaria es debido a necesidad de curación o se deba a una decisión de modificación estética de la paciente.

Tras la aclaración anterior, el Juzgado procede a señalar que la falta de un previo y adecuado consentimiento informado a la paciente conlleva la declaración de responsabilidad del daño de los facultativos. La producción de un resultado negativo en la paciente que hubiera sido previsible sin informar impide que pueda consultar la segunda opinión de otro facultativo. La decisión de que la intervención la realice un determinado especialista, la elección de que la intervención se realice en otro centro e, incluso, no consentir dicha intervención; siendo el consentimiento informado un elemento indispensable de la lex artis.

En el segundo caso, el Tribunal Supremo señala que la jurisprudencia anterior acercaba esa relación médico-paciente a la del arrendamiento de obra

La paciente de este caso, en la demanda, señala que no se produjo el pertinente consentimiento informado antes de la intervención, no siendo informada de los posibles riesgos de ésta. El médico aportó en la contestación dos consentimientos informados, uno de traumatología y otro de anestesia, firmados por la paciente varios días antes de la intervención, en el que consta que, de una posible complicación de la artroscopia de hombro es la lesión de estructuras vasculonerviosas adyacentes a la articulación.

El Juzgado, por tanto, entiende que, si la paciente había sido informada correctamente de todos los riesgos, entre los que se encuentra el resultado lesivo producido, y había consentido la intervención, no se puede considerar que es un daño desproporcionado y, por descontado, no es contrario a la lex artis.

La paciente señala que no se produjo el pertinente consentimiento informado antes de la intervención

Por último, el Juzgado, como es necesario, solicita a la paciente que pruebe que la actuación del facultativo ha sido contraria a la lex artis la cual, tras la declaración de los peritos de ambas partes, considera que no ha quedado probado de forma suficiente como para considerar al traumatólogo culpable de las secuelas negativas de la artroscopia realizada. Por tanto, desestima la petición de indemnización de la paciente absolviendo al médico demandado.

Conviene precisar, una vez más, que antes de cualquier tipo de intervención es necesario informar correctamente a la paciente y, sobre todo, que la paciente firme el correspondiente documento de consentimiento informado, para acreditar que se ha llevado a cabo la información relativa a la intervención, incluyendo los riesgos que ésta pudiera conllevar.

Reclaman 3.400.000€ a una doctora tras una cirugía

Se interpuso demanda en la que se reclama a doctora y clínica, por secuelas que derivaron en una incapacidad total, un importe de 3.400.000 €. En el escrito de inicio de procedimiento, por parte del paciente se manifestaba que la doctora no había realizado la funduplicatura laparoscópica Nissen 360 grados, o que, en caso de realizarla, no se había ejecutado correctamente y que por ello tuvo que ser reintervenido.

Se interpuso una demanda a doctora y clínica por no haber realizado la funduplicatura laparoscópica

Concretamente, el perito elaborador del informe, exponía que se había diseccionado el nervio vago al liberar el esófago. Esta situación afectó al vaciamiento gástrico, y que dicha disección aparecía en el informe emitido por el doctor que reintervino al paciente.

En el acto de juicio, el doctor de la reintervención confirmó de manera clara que en su informe indicó que disecó el esófago, no el nervio vago. Además, aseguró que no comprobó que el nervio vago estuviera lesionado, por lo que no estaría afectado.

A ello, el perito que realizó el informe aportado por la defensa de la doctora demandada, expuso que existen pruebas específicas para conocer si un paciente tiene lesionado el nervio vago, las pruebas BAO MAO y el test de Holander, y que dichas pruebas no se realizaron en ningún momento, como tampoco se planteó hacer una piloroplastia o inyección de toxina botulínica en el píloro, que es el tratamiento de la gastroparesia resistente a los estimulantes del vaciamiento gástrico. Esta última cuestión plasmada en el informe del perito del paciente.

El doctor de la reintervención confirmó de manera clara que en su informe indicó que disecó el esófago, no el nervio vago

Además, se alegaba un retraso en el vaciamiento gástrico, y se manifestó por el perito del paciente que existían unas secuencias radiológicas en las que se observaba tránsito esofágico con dilatación y un paso filiforme extremadamente largo, con un estómago desfigurado y rotado por una excesiva tensión, así como un retardo ostensible del vaciamiento hacia el duodeno. Esas presuntas pruebas radiológicas no fueron aportadas, por lo que no se pudieron valorar por ninguno de los peritos.

En cambio, la gammagrafía de vaciamiento gástrico contenía datos normales, es decir, pliegues gástricos normales y vaciamiento gástrico totalmente normal. Por ello, el juez afirmó rotundamente a la vista de tales afirmaciones que no podía considerarse que el retraso en el vaciamiento gástrico, si es que lo hubo, fuera consecuencia de la sección o atrapamiento del nervio vago, consideración que sólo defendía el perito del paciente.

La gammagrafía de vaciamiento gástrico contenía datos normales,

Continuando con el análisis del informe del perito del paciente por parte del juez, se hablaba de ligadura de vasos cortos como realizada por el doctor que reinterviene. Este doctor, aclaró que se ligaron vasos cortos porque se realiza en la reintervención y no porque la doctora demandada lo hubiera omitido. Asimismo, aclaró que en la reintervención se indicó la apertura de pilares y no la aproximación como se exponía en el dictamen pericial del demandante.

A ello, el perito de la doctora añadió que el cierre de los pilares solo debe hacerse cuando se constata un orificio hiatal especialmente dilatado, pues el cierre exagerado del hiato es la causa de la mayor parte de las estenosis esofágicas que darán como consecuencia una disfagia a ese nivel.

El doctor que realizó la reintervención dejó claro en su testifical igualmente que él sí había visto realizada la funduplicatura Nissen 360 grados, que no era parcial, no estaba tensa, estaba indicada y era correcta. Simplemente había manifestado que estaba incompleta porque la misma no ajustaba y por ello se tuvo que reintervenir.

La funduplicatura estaba indicada y era correcta

Seguía la sentencia relatando que en el juicio fue objeto de especial controversia si el actor había padecido desnutrición. No consta, sin embargo, que durante el periodo en que estuvo ingresado no hubiera podido tragar. El propio paciente refiere en un informe haber adelgazado por un síndrome de Barret posiblemente iatrogénico, y en otro informe que no ingería alimentos por saciedad precoz. Por ello, se confirmaba que dicha desnutrición no pudo provenir de la cirugía realizada por la doctora, sino por el reflujo.

A lo anterior se une que la única relación entre el esófago de Barret y la primera intervención solamente aparece en un informe de otra doctora que testificó en el juicio y confirmó que no era especialista en aparato digestivo y que lo que plasmó en su informe se debía a una suposición sobre las secuelas que aparecieron después de la operación, pero no en datos objetivos de la especialidad.

El esófago de Barret, ya estaba desde la primera cirugía

El doctor que reintervino al paciente dejó constancia en el acto de juicio que él consideraba que el esófago de Barret, ya estaba desde la primera cirugía, lo que no pudo darse en los meses transcurridos de una intervención a otra.

Por tanto, a la vista de las pruebas practicadas y los documentos aportados al procedimiento, se podía observar cómo el relato de hechos de los peritos distaba mucho uno de otro. Mientras el perito del demandante no se basaba en datos objetivos, el perito de la doctora y el de la clínica, utilizaban los documentos aportados al procedimiento, pero sobre todo fue importante el relato realizado por el doctor que reintervino a la paciente, que dejó constancia del buen hacer en la técnica ya que fue el que vio cómo se realizó, y por tanto, el surgimiento de un riesgo posible de esta.

Por ello, se entendía que la doctora había actuado correctamente en cuanto a la técnica, pero finalmente se decidió por el juez imponer una condena de 15.000 € por falta de información. Aunque se le había proporcionado al paciente el consentimiento informado, en este no se contenía el riesgo de disfagia postoperatoria o el de que existían posibilidades de que la fundiplucatura podía terminar no siendo competente, como ocurrió, y tener que someterse a una nueva intervención por no solucionar el problema del reflujo.

 

Un paciente fallece a 100 metros del hospital tras la negativa de un médico a salir a atenderle.

Condena a un médico como autor de un delito de omisión del deber de socorro por negar la atención a un paciente gravemente enfermo que se encontraba fuera del centro en el que estaba trabajando.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaron la condena por un delito de omisión del deber de socorro para el médico que se negó a atender a un paciente inconsciente que se encontraba a 100 metros del Hospital en el que trabajaba, y que falleció finalmente de parada cardio-respiratoria.

Condena a un médico como autor de un delito de omisión del deber de socorro a un enfermo que se encontraba fuera del centro

Los hechos sucedieron de la siguiente manera. El fallecido comenzó a sentirse mal estando en su domicilio por lo que decidió acudir al hospital en su vehículo. Iba acompañado de su pareja sentimental, que en ese momento estaba en un avanzado estado de gestación, por lo que el coche lo conducía el enfermo.

Una vez en la puerta del hospital, perdió el conocimiento y colisionó con uno de los coches que se encontraban estacionados en la entrada el Hospital, por lo que la pareja del fallecido salió del coche solicitando auxilio. Esta llamada de auxilio alertó a los vecinos, que llamaron a los servicios de policía y guardia civil.

Se presentaron en el lugar de los hechos dos patrullas de la Guardia Civil, y ante la situación de gravedad que presentaba el enfermo, dos de los agentes acudieron al centro hospitalario en el que estaba trabajando el acusado, solicitando que un médico acudiese al lugar donde se encontraba el enfermo, que estaba a apenas 100 metros de dicho centro.

Se presentaron en el lugar de los hechos dos patrullas de la Guardia Civil, y ante la situación de gravedad que presentaba el enfermo, dos de los agentes acudieron al centro hospitalari

El acusado, a pesar de la solicitud de los agentes, se negó a acudir salir del hospital y acudir al lugar de los hechos aludiendo que no podía salir del centro en horario laboral, sugiriendo que debían llamar al 112, todo ello a pesar de que los agentes le ofrecieron llevarle en el vehículo oficial.

Así, los agentes volvieron al lugar donde se encontraba el enfermo sin un médico, por lo que uno de los agentes de la policía local que se encontraban allí acudió de nuevo al Hospital, solicitando de nuevo al acusado que acudiese al lugar de los hechos para atender al paciente. De nuevo, el acusado se negó a salir del centro y en este caso fue él quien llamó a los servicios de emergencia, y aunque le incitaron a salir del centro para asistir al paciente, de nuevo volvió a negarse.

Ante las continuas negativas del acusado a salir del centro para atender al paciente, los agentes de la Guardia Civil se acercaron a una sede de bomberos que se encontraba en las inmediaciones solicitando que la UVI móvil que allí se encontraba, se acercase al lugar de los hechos para atender al enfermo. Una vez allí, el médico de la UVI móvil se encontró al paciente en parada cardio-respiratoria, por lo que comenzó con las maniobras de reanimación correspondientes, sin éxito.

Los agentes de la Guardia Civil se acercaron a una sede de bomberos que se encontraba en las inmediaciones solicitando que la UVI móvil

Finalmente, el paciente falleció de parada cardio-respiratoria media hora después de la personación de la UVI móvil en el lugar de los hechos.

Tras la celebración del juicio en el que se realizaron las testificales de los policías locales, los agentes de guardia civil, los médicos de la UVI móvil y la pareja del fallecido, el Jurado determinó que los hechos eran constitutivos de un delito de omisión del deber de socorro recogido en los artículos 195 y 106 del Código Penal, no teniendo en este caso cabida la tutela de otros bienes jurídicos como la vida o la seguridad personal, tal y como quiso poner de manifiesto el médico condenado.

La sentencia concluye diciendo que la única justificación que se podría haber alegado sería la de encontrarse en un acto médico cuyo abandono pudiera haber supuesto un riesgo para el paciente que estaba atendiendo. Sin embargo, este no era el caso en el que se encontraba el acusado, por lo que conociendo la gravedad de la situación del enfermo, teniendo en cuenta que no estaba atendiendo a ningún otro paciente, su reiterada negativa a salir del hospital, incluso, desoyendo a la médico del 112, se concluye que concurren todos los elementos del delito de omisión del deber de socorro. Por ello, se condena al acusado a una pena de ocho meses de multa e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante un plazo de seis meses.

Artículos complementarios:

Un paciente demanda al profesional que le extirpó un tumor cerebral

Una paciente de 55 años demanda al neurocirujano que le realizó una craneotomía para la extirpación de un tumor cerebral. El profesional realizó esta intervención para extirpar un hematoma intraparenquimatoso que padecía la paciente, y fue debidamente puesta al corriente, habiendo firmado la mujer el consentimiento informado en que constaba el objeto de la intervención. 

Demanda al profesional que le extirpó un tumor cerebral

Asimismo, la paciente demanda a la sociedad de la que es propietaria el neurocirujano demandado y a la entidad de seguros de salud, que tenía contratada la paciente. 

La demandante considera la intervención como innecesaria y contraria al diagnóstico ofrecido por el resultado de las pruebas diagnósticas realizadas. Además, asegura que el neurocirujano aumentó la entidad del hematoma en su valoración, para justificar la intervención quirúrgica 

En este sentido, alega que, a raíz de la última intervención, ha sufrido una serie de lesiones y secuelas, como pueden ser hemiparesia, clonias de hemicuerpo izquierdo, crisis parciales simples de extremidades inferiores e incontinencia mixta. También considera que son daños continuados y desproporcionados, indicando que no había advertido ni consentido en ningún momento el resultado que finalmente se produjo, por ello, reclama una cantidad superior a los 800.000 €. 

Hay que señalar que, cinco años antes de la intervención por la que se demanda al neurocirujano, la paciente ya había sido sometida a una operación de neurocirugía craneal, y tuvo que realizar una nueva operación para drenar y eliminar un hematoma subdural postquirúrgico derivado de la intervención. 

5 años antes de la intervención la paciente ya se había sido sometido a una neurocirugía craneal previa

La paciente alega la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil, junto con la normativa aplicable a Consumidores y Usuarios. Respecto al médico demandado y a la sociedad de la que es propietario el médico, la paciente cita principalmente la normativa relativa a la responsabilidad extracontractual, al no unirse el médico ni la clínica a la paciente directamente por ningún tipo de contrato. En cuanto a la aseguradora, la paciente, principalmente, aduce la normativa de responsabilidad contractual. La póliza de seguro es un acuerdo entre ambas partes, y la legislación relativa a los derechos de los consumidores y usuarios. 

Inicialmente, el Juzgado valora la consideración de consumidora de la paciente, considerando que es adecuada, pero, señalando la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad médica, la cual nunca es objetiva. La responsabilidad del profesional médico es una obligación de medios, nunca de resultados. Por tanto, se entiende que el tratamiento es correcto mientras el médico ponga a disposición del paciente los medios adecuados, comprometiéndose a aplicar las técnicas para la patología correspondiente de acuerdo a la ciencia médica y la buena praxis, así como la aplicación con el cuidado y precisión exigible con las circunstancias y riesgos inherentes a cada intervenciónAsimismo, esta doctrina también exige que se le proporcione al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar un tratamiento o intervención. 

Se entiende que el tratamiento es correcto mientras el médico ponga a disposición del paciente los medios adecuados

Del mismo modo, el Juzgado valora la falta de legitimación pasiva alegada por la sociedad de la que es propietaria el neurocirujano. La sociedad indica que su única función es realizar la facturación del médico a terceros, como en este caso es la aseguradora de la paciente. Por ello, el Juzgado considera que es inapropiado que se encuentre como parte esta sociedad, ya que, se está averiguando si la operación se ha realizado acorde o no a la buena praxis. 

Finalmente,  se valora también que la acción ejercitada por la paciente haya prescritoEn un principio, el Juzgado distingue entre seguro de enfermedad y seguro de asistencia sanitaria, siendo la diferencia la relación entre las tres partes que forman estos seguros. 

En el seguro de enfermedad, el asegurado elige al médico, al que luego será la aseguradora quien abonará sus honorarios, siendo la relación contractual entre asegurado y médico; y extracontractual la relación entre médico y aseguradora.  

El Juzgado valora la falta de legitimación pasiva alegada por la sociedad de la que es propietaria el neurocirujano

En el seguro de asistencia sanitaria, el asegurado es tratado por uno de los doctores que configuran el cuadro médico de la aseguradora. De manera que, la relación entre asegurado y médico es extracontractual en este caso, y contractual, entre médico y aseguradora. 

Al tratarse de un seguro de asistencia sanitaria, la relación entre paciente y médico es extracontractual, cuyo plazo de prescripción es de un año. En cambio, si la relación entre aseguradora y paciente es contractual, el plazo de prescripción es de cinco años. 

El Juzgado desestima total e íntegramente la demanda frente a los demandados, ya que, han pasado siete años entre la estabilización de las lesiones y la demanda interpuesta por la paciente está prescrita para ambas partes. Asimismo, señala la falta de legitimación pasiva admitida respecto a la sociedad propiedad del médico, por lo que lo desestima. 

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