Una paciente reclama 700.000 euros por falta de consentimiento informado

Una paciente interpuso una demanda contra su cardiólogo, debido a las consecuencias personales lesivas y los daños materiales que le fueron ocasionados en la realización de un cateterismo, por el cual padeció una fístula arterio-venosa, un pseudoaneurisma y un hematoma. Dicha intervención le causó una afectación neurológica, por la cual se le concedió una discapacidad del 76 %. La demandante reclamó 700.000 euros alegando falta de atención médica y falta de consentimiento informado para tal intervención.

En la realización de este procedimiento, la tasa de complicaciones en la punción de la pared contraria de la arteria se estima entre un 2 % y un 5 %. En este caso, en el momento de realizarse la punción percutánea para introducir el catéter, se afectó la pared opuesta. Se continuó el examen con normalidad, aunque la demandante se quejó de dolor inguinal y dificultad de movilidad en la pierna. Tras la intervención se valoró la existencia de un hematoma, entendiendo, todos los facultativos que valoraron a la paciente, que había de tratarse de forma conservadora, haciendo cesar la hemorragia mediante presión para que el hematoma se reabsorbiera.

Se realizaron sucesivas pruebas; resonancia, ecografía, etc., por medio de las cuales se apreció el aumento del hematoma, persistiendo el dolor, con la paciente anemizada y con paresia en el muslo. No obstante, se encontraba hemodinámicamente estable y con pulso normal y sensibilidad en la pierna, tanto en la ingle como en el tobillo, por lo que se consideró adecuada la situación expectante para observar si el hematoma se reabsorbía.

Posteriormente, se apreció ya un hematoma retroperitoneal, donde las opciones eran esperar o someter a la paciente a una intervención quirúrgica para su supresión, teniendo en cuenta que se trataba de una intervención de riesgo, al padecer la paciente valvulopatía y estar tratada con Sintrom.

Tras la complicación, se mantuvo un tratamiento conservador, manteniendo a la paciente bajo observación durante aproximadamente un mes, en el cual se produjo una leve mejoría del dolor y de la parestesia, teniendo que caminar en ese momento con muletas. Una vez fue dada de alta, ingresó en una residencia para comenzar la rehabilitación. Al presentar fiebre, la paciente fue ingresada en un hospital donde fue diagnosticada de un pseudoaneurisma de la arteria femoral derecha, atrapamiento del nervio femoral derecho, hematoma retro peritoneal derecho y fístula arteriovenosa derecha, con reposo absoluto durante dos semanas y tratamiento para el dolor.

Continuó sin ser tratada quirúrgicamente, por lo que la paciente decidió ser intervenida en otro país, donde se le eliminó el hematoma y se suprimió el pseudoaneurisma y la fístula, reduciendo al máximo el dolor y recuperando algo de movilidad, a pesar de haber perdido la mayor parte debido a que el nervio estuvo mucho tiempo oprimido por el hematoma retroperitoneal.

La Sentencia hace hincapié en la pérdida de la oportunidad de la paciente de elegir si quería o no someterse a esa prueba diagnóstica, derivándose de este hecho la obligación indemnizatoria. Resalta lo diferentes que son las consecuencias, ya que, si la demandante hubiera sido debidamente informada, hubiera aceptado someterse a esa prueba y hubiera sufrido los perjuicios descritos sin incurrirse en mala praxis, por tanto, no hubiera podido ser indemnizada. Y, al contrario, si debidamente informada y aceptando las consecuencias propias del sometimiento a esa prueba se hubieran causado daños por mala praxis, su derecho a ser indemnizada no se vería limitado en modo alguno por la existencia de ese consentimiento.

En Primera Instancia se estimó parcialmente la demanda, de forma que se comprobó que no había habido mala praxis en la intervención, pero se constató la falta de consentimiento informado, condenando al cardiólogo a abonar a la paciente la cantidad de 150.000 euros más intereses legales.

Si no existe mala praxis será procedente la indemnización en caso de no haber consentimiento informado. Las consecuencias de la falta de éste no serán las lesiones, secuelas o perjuicios económicos para el paciente, sino la pérdida de su derecho a decidir con libertad si se arriesga o no a sufrir, hipotéticamente, las consecuencias descritas en el consentimiento informado.