El perito médico, clave en 9 de cada 10 casos de Responsabilidad Civil Profesional

 En el ámbito de la Responsabilidad Profesional Sanitaria, el Informe Pericial juega un papel clave en cualquier reclamación que pueda tener un profesional sanitario. Es la prueba de oro en la resolución de los litigios por parte de los tribunales, además, es el eje fundamental de la actividad probatoria sobre la que gira la actuación de cualquier profesional.

 Es más, a la hora de evaluar los hechos determinados en un juicio, los Informes Periciales y de valoración del daño corporal son aspectos fundamentales a la hora de dictar sentencia. El informe elaborado por un perito especializado y con formación complementaria, resulta crucial a la hora de dictar sentencia en cualquier ámbito jurisdiccional. De hecho, los informes tienen una profusa jurisprudencia, respetando siempre el principio de contradicción entre los distintos informes periciales depuestos en el acto del juicio. Por tanto, la especialización de los peritos son claves en la resolución de los diferentes litigios que pueda tener un médico.

 En los últimos años se viene comprobando una tendencia muy negativa para los profesionales sanitarios. La litigiosidad en materia de Responsabilidad Profesional Médica viene aumentando año a año. Por consiguiente, ha supuesto un crecimiento notable en la demanda de peritos que elaboren Informes Periciales relativos a la materia objeto del litigio. El 90% de los procedimientos de Responsabilidad Profesional Sanitaria se resuelven gracias a los Informes Periciales solicitados y aportados por las partes litigantes del proceso, además del Informe Pericial Judicial o del Informe Forense.

 En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 30/2015, de 22 de septiembre de reforma del sistema para la valoración de daños y perjuicios ha supuesto una revolución en cuanto a la demanda de Peritos especializados se refiere. Con este nuevo paradigma legal las cuantías indemnizatorias han incrementado de manera significativa, por lo que, la petición de estos peritos especializados ha aumentado notablemente.

 En definitiva, la complejidad propia de las reclamaciones sobre Responsabilidad Profesional Sanitaria ha provocado que la figura de los Peritos este más valorada y demandada. Se están convirtiendo en un agente clave en la resolución de los diferentes pleitos, ya que no solo tienen la especialización en la materia objeto del litigio, como así establece nuestra Ley Rituaria, sino que, además, cuentan con formación complementaria en la elaboración de Informes Periciales y en la valoración del daño corporal, aspectos claves para la resolución del juicio

La actuación del perito médico evita a un cirujano el pago de una indemnización de 31.000€

Un paciente es operado de apendicitis y tras la operación se detecta que existe un cuerpo extraño en la zona intraabdominal. Esto le ocasiona varias intervenciones y un posterior reconocimiento de incapacidad permanente absoluta. Ante esta situación, el paciente demanda al centro hospitalario y a su aseguradora. No se demanda ni al cirujano ni a las enfermeras, y tras valorarse el caso, se decide condenar tanto al centro como a su aseguradora al pago de la cantidad de 31.102,06 €.

Ante esta condena, la aseguradora del centro, que se hizo cargo de la indemnización al paciente, demanda al cirujano y a la aseguradora que tenía contratado su seguro de RC. En este caso, hay que señalar el tratamiento y la evolución del paciente para apreciar si existe o no mala praxis por parte del cirujano que le intervino.

A principios de febrero del 2009, el paciente acude de urgencia para ser intervenido de apendicitis aguda sin ninguna mención a la peritonitis. Tras la intervención, se realiza un TAC cada dos días para comprobar la evolución, apreciando en el segundo un cuerpo extraño intraabdominal. Tras apreciar este oblito, se procede a reintervenir urgentemente al día siguiente.

Se realiza comprobación de la evolución del paciente y se le interviene seis días después realizando limpieza y dejando nuevos drenajes. Tras ello, evoluciona favorablemente con curas locales, dando de alta hospitalaria a principios de marzo

En diciembre de 2009, el paciente acude por ingreso programado por hernia incisional abdominal, siendo necesaria una intervención. El postoperatorio se produce sin incidencias de ningún tipo. El paciente ingresa nuevamente en junio de 2011 por diverticulitis aguda perforada con absceso local, siendo necesaria la realización de una intervención. A los cuatro días se da de alta sin ninguna incidencia. A finales del mes se realiza una nueva intervención por drenaje de absceso intrabdominal, que se lleva a cabo sin ninguna incidencia reseñable.

El paciente ingresa de nuevo en marzo de 2012 por un absceso intraabdominal que precisa ser drenado de forma quirúrgica, dándose de alta a los seis días. En julio se le vuelve a intervenir de sigmoidectomía y cierre de fístula colovesical, siendo dado de alta una semana después.

En este procedimiento la intervención de un perito médico fue trascendental para el Juzgado, determinó que la prescripción de la cirugía es correcta, informando al paciente y dándole traslado de los correspondientes consentimientos informados, que el paciente firmó.

Una vez se descubre la presencia del cuerpo extraño, se realiza de urgencia intervención para su extracción sin secuelas relacionadas, no pudiendo existir responsabilidad en aquellos casos donde queda demostrado que se tomaron todas las medidas para prevenir el hecho, quedando un cuerpo extraño inadvertidamente. Es más, la última intervención que realiza el cirujano demandado es la cirugía realizada en diciembre de 2009, existiendo una ruptura del nexo causal respecto a las cirugías posteriores.

También se explica por parte del perito médico que no hay método que impida o evite los oblitos. La aparición de estos debe considerarse una contingencia quirúrgica. No existe una intencionalidad. Es un error humano que no debe considerarse negligencia médica.  Además, se añade que el contaje y preparación del material quirúrgico corresponde a la enfermera circulante y la enfermera instrumentista, en ningún momento depende del cirujano. No les une ningún tipo de relación laboral más allá que el de compañeros en el momento de la cirugía. Siendo el centro el responsable de la organización de las urgencias y de la prestación de los servicios sanitarios. Por ello, el Juzgado desestima la demanda interpuesta absolviendo al cirujano de la pretensión ejercida por el centro hospitalario y su aseguradora.

El 25% de los médicos ha estado de baja por Covid-19

La pandemia está causando estragos en los profesionales sanitarios. Se espera una pandemia de salud mental de los médicos, las jornadas inagotables están pasando factura en el colectivo sanitario. Se están alcanzando prevalencias muy altas de malestar y deterioro físico, mental y emocional. De hecho, uno de cada cuatro médicos ha pedido la baja por causas relacionadas con la Covid-19. El estudio presentado en la Organización Médica Colegial (OMC), “Repercusiones de la Covid-19 sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos de España”, ha sido el que ha puesto el foco sobre esta dura realidad.

Este estudio evalúa el impacto de la pandemia sobre la salud física y mental de los profesionales en tres etapas de la pandemia. El informe aborda la situación en la primera ola, es decir de marzo a abril y en el último trimestre de 2020. Un 2% de los médicos ha sido hospitalizado por la pandemia y, es más, el 8% de los profesionales ha vivido la muerte de algún compañero.

Del mismo modo, el 60% de los sanitarios presentan algún indicador de fatiga, dolor o estrés y la misma proporción sufre síndrome de burnoutEn consecuencia, se registra un incremento del consumo de tranquilizantes e hipnóticos del 18,6% al 29,4%.

En este sentido, hay que destacar que las energías de los médicos están al límite, tal como muestran diversos indicadores. El 51% afirma sentirse “sobrepasado” y menos preparado física y emocionalmente ante nuevas olas. Se van enfrentando a ellas sin haber podido recuperarse de las anteriores. De hecho, el informe señala que uno de cada tres de los profesionales ha tenido que enfrentarse a dilemas éticos, ante los cuales la mejor manera de gestionarlos acostumbra a ser en equipo (61%).

Por ello, el 20% se ha planteado adelantar la jubilación cuando llegue el momento y hasta el 34% ha llegado a barajar la idea de abandonar la profesión, aunque reconocen que no lo harán.

No obstante, por otro lado, los profesionales se han sentido masivamente apoyados por sus compañeros y equipos en los peores momentos de la crisis (83%) y también por los pacientes (82%). En cambio, solo uno de cada tres médicos ha percibido el apoyo de su organización y de los gerentes y directivos de sus centros de trabajo.

Entre otros aspectos analizados en el estudio, cabe señalar que los hábitos de vida han empeorado: aumenta la proporción de profesionales que consumen bastante o mucho alcohol del 4% al 7% y disminuye del 50% al 28% la práctica habitual de actividad física.

Para el presidente de la Organización Médica Colegial, el Dr. Tomás Cobo, estos datos destacan “el tremendo esfuerzo realizado por la profesión y la necesidad de cuidar al que cuida desde todas las instancias posibles. Es imprescindible que los profesionales sanitarios cuenten con el máximo apoyo porque son el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario. Desde la Fundación de Protección Social de la OMC seguiremos trabajando por proteger, cuidar y prevenir la salud de nuestros compañeros y sus familias”. El Dr. Cobo recuerda que “los médicos se han dejado la salud en esta pandemia, incluso algunos de ellos la vida, en concreto 116 compañeros que han fallecido en el ejercicio de su profesión por Covid-19”.

Una de las principales conclusiones que se desprende del estudio es que, a pesar de llevar más de un año inmersos en la pandemia, todavía son pocos los médicos que acuden a servicios de apoyo a la salud mental para hacer frente al malestar emocional y al agotamiento mental acumulados. De hecho, el 13% de profesionales encuestados reconocen que necesitan ayuda, aunque no están recurriendo a este tipo de servicios y, de hecho, afirman que tienen previsto hacerlo en algún momento.

 

Sabías que…

Sabías que la séptima edición del Máster de Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal, de la Fundación Uniteco, ha incorporado la asignatura de telemedicina como principal novedad. Es un claro ejemplo de la adaptación del máster a las necesidades que presenta la sociedad hoy en día. La irrupción de la pandemia ha cambiado totalmente la profesión médica y es necesario adaptarse a la nueva realidad

¿Puede un paciente grabar durante una consulta médica?

En esta consulta daremos respuesta a una de las preguntas más frecuentes entre los facultativos: la legalidad o no de ser grabado durante una consulta médica. Este es un interrogante que se plantea cada vez más entre los médicos, propiciado en gran medida por las nuevas tecnologías, la telemedicina y la gran accesibilidad a dispositivos electrónicos de grabación, incorporados, sobre todo, en los teléfonos móviles.

Hay que señalar que habitualmente se trata de pacientes conflictivos, celosos de su intimidad o preocupados por no obtener aquello que buscan en la consulta: una baja, la receta de un fármaco o que se le realice una determinada prueba médica que no está indicada por su clínica o por sus antecedentes. Son personas que acuden preparadas para obtener una grabación que pueda ser utilizada como instrumento de presión y generar así inquietud y malestar en el médico, generadas por la incertidumbre sobre la posible manipulación o utilización que se pueda realizar de ella.

Surgen varias cuestiones. En primer lugar, si es posible y lícito que seamos grabados en el lugar de trabajo. En este sentido, citamos la sentencia del Tribunal Constitucional más destacada, que da una respuesta clara a esta cuestión, en un caso en el que se plantea la vulneración del artículo 18.3 CE: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de 29 de noviembre de 1984, STC 11/1984, establece, entre otras consideraciones, que: “Respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica, este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan solo, acaso, podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. Por lo que a esta última dimensión del comportamiento considerado se refiere, es también claro que la contravención constitucional solo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión (art. 18.1 de la Constitución). Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado”.

De lo establecido por el Tribunal Constitucional, se puede determinar que hay que distinguir entre las conversaciones que llamaríamos “externas”, conversaciones telefónicas en las que no intervenimos, y las conversaciones “internas”, aquellas en las que sí actuamos como interlocutores. Esta distinción marca el límite entre lo lícito y lo ilícito, de tal manera que si alguien graba una conversación en la que no es parte está vulnerando el artículo 18.3 CE, mientras que si alguien graba una conversación en la que es parte no comete vulneración alguna de dicho derecho.

Otra de las leyes que deben ser citadas es el Código Penal. El artículo 197 establece: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

No obstante, para que dicho precepto pudiera ser aplicado en lo que se refiere al descubrimiento y revelación de secretos, tendríamos que referirnos a aquellas conversaciones en las que no somos parte, pues no habría secreto “para aquel a quien la comunicación se dirige”: “Sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de «comunicación», la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados: el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma. La presencia de un elemento ajeno a aquellos entre los que media el proceso de comunicación es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado”.

“No hay «secreto» para aquel a quien la comunicación se dirige, ni implica contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la Constitución la retención, por cualquier medio, del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación, en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones”.

Cuestión distinta se plantea cuando dichas grabaciones son difundidas, pues, en esos casos, entran en juego terceras personas ajenas a las conversaciones, pudiendo, en ese caso, vulnerarse otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18.1 CE.