Cada vez con más frecuencia el profesional de la Medicina debe pasar por situaciones muy incómodas en su día a día. De un tiempo a esta parte, las distintas inspecciones que dependen de las Consejerías de Salud de cada comunidad autónoma vienen realizando una actividad muy exhaustiva con respecto a la actuación de los facultativos que prestan su labor en los servicios públicos de salud, desembocando, en un gran número de casos, en un expediente disciplinario.
En uno de estos casos, desde la Inspección de Farmacia se citó a una doctora que prestaba sus servicios en Atención Primaria con la excusa de analizar un par de recetas que necesitaban aclaración.
Lo que parecía una simple reunión laboral para aclarar alguna cuestión puntual se convirtió en un interrogatorio carente de garantías. En esta ocasión la doctora fue obligada a responder sobre pacientes que en ese momento desconocía, sin que le fuera aportada ninguna información al respecto y sin permitirle que un abogado le acompañara para asesorarle. Tras el interrogatorio, a la doctora le hicieron firmar un acta cuyo contenido se encontraba claramente viciado, ya que el interrogatorio se realizó sin garantías y sin la debida información para poder responder a las preguntas.
El resultado de dicha “reunión” fue que desde la Inspección de Farmacia remitieron un informe a Recursos Humanos junto con el acta firmada. En dicho documento se proponía la iniciación de un expediente disciplinario contra la doctora por la comisión de una falta muy grave.
Es muy importante contar con un seguro de Responsabilidad Civil Profesional con cobertura jurídica ante estos casos, que ponga al servicio del facultativo un despacho de abogados especializado en Derecho Sanitario que, por un lado, asesore y acompañe al profesional en sus declaraciones ante organismos públicos y, por otro, le ofrezca defensa ante estos procedimientos disciplinarios.
