La sanidad española forma parte de un ciclo económico del que depende para su financiación, a lo que hay que sumar ahora la inestabilidad política de cada región. A fecha de hoy, son solo ocho comunidades autónomas las que, en 2020, entrarán con un proyecto de presupuestos aprobado para el próximo ejercicio: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Se trata de Ejecutivos que disfrutan de mayorías o acuerdos de gobierno más o menos estables.
Las demás Comunidades apenas han iniciado el trámite parlamentario y se mantienen a la expectativa. Madrid o Castilla y León han informado que no presentarán sus Cuentas hasta que no se configure un nuevo Ejecutivo central. Otras, como Baleares, han decidido prorrogar las de 2019. Incluso hay algunos casos extremos, como el de Cataluña, que afrontará, casi con total probabilidad, una tercera prórroga de sus Presupuestos de 2017. Las demás Comunidades se han conformado con prorrogar sus Cuentas.
De las consecuencias más visibles de la inacción política se destaca el agravamiento de las listas de espera y el retraso en los pagos a los proveedores. El Ejecutivo de Quim Torra es quien lidera las demoras de una sanidad pública que se encuentra en un nivel histórico: hasta 671.494 pacientes están pendientes de pasar por el quirófano no antes de cuatro meses. La factura del ‘procés’ en sanidad es alarmante: 168.000 pacientes esperan 146 días de media para una cirugía.
Por otro lado, también se evidencia la inestabilidad política y la falta de presupuestos en los impagos. El Ejecutivo catalán ha manifestado que solo abonará en diciembre el 30 % de la factura de medicamentos de octubre a las farmacias, incluyendo así de nuevo a este sector en una espiral de impagos, que se inició en 2010 y que solo logró normalizar en 2018.
Madrid acumula más facturas impagadas con las empresas de tecnología que el resto de las regiones
Madrid se convierte en la región que más facturas impagadas acumula con las empresas de tecnología sanitaria. Para el mes de septiembre, la suma de la deuda llegaba a los 171 millones de euros, frente a los 70 millones adeudados en marzo. En total, las comunidades autónomas acumulan ya retrasos cercanos a los 1.000 millones de euros solo en tecnología.
La parálisis política provoca que muy pocas regiones hayan conseguido traducir en cifras sus objetivos en política sanitaria para atender problemas que se han cronificado, como la presión asistencial y la falta de medios humanos y tecnológicos para reducir las listas de espera.
Andalucía, Canarias, País Vasco o Aragón plantean incrementos de la partida sanitaria que rondarán el 4 %, el alza de Galicia se limitará al 3 %, mientras que Cantabria presenta un aumento del gasto del 5,47 % para hacer frente, entre otros objetivos, al pago de proveedores. Aquellos gobiernos que sí han hecho los deberes han proyectado, en cualquier caso, un gasto expansivo en sanidad en un contexto de desaceleración económica, donde la Comisión Europea ha exigido un ajuste cercano a los 8.000 millones de euros.
Cabe resaltar que Andalucía sí ha dado un vuelco a su sanidad. Sus cuentas reflejan una actuación de urgencia sobre un Servicio Andaluz de Salud cuyo tablero ha resultado de cartón piedra, teniendo en cuenta que se trata del sistema con menor gasto sanitario público per cápita, lo que se ha traducido en la última década en un alarmante déficit de infraestructuras y tecnología, los salarios más bajos para los profesionales del sector, además de unas listas de espera maquilladas, como quedó patente tras aflorarse más de medio millón de pacientes no registrados en los cómputos de la Consejería de Salud.
Debido a esto, el Gobierno de Juanma Moreno ha decidido estirar el gasto sanitario por habitante hasta los 1.316 euros, teniendo en cuenta que en 2017 era de 1.153 euros per cápita. Andalucía superará así, por primera vez, los 10.000 millones de euros de presupuesto en salud, después de incrementar en 335,9 millones de euros este capítulo para 2020.
A lo anterior se suma otro gran objetivo andaluz; su Plan de Choque contra las listas de espera, apoyado en un fuerte incremento de la actividad hospitalaria, que no ha renunciado a concertar con centros privados. El 13,75 % de las 18.601 intervenciones realizadas entre el 25 de marzo -fecha de activación del Plan de Choque- y el 30 de septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior, se han hecho en hospitales de la red privada.
Por su parte, la sanidad gallega ganará un 3 % de inversión para situarse en los 4.109 millones de euros previstos para 2020, el presupuesto más alto de su historia. Asimismo, el tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana seguirá centrado en contener el gasto sanitario y reducir su peso en las Cuentas regionales.
