Solicitan 4 años de prisión y 5 de inhabilitación tras una resección de próstata

Las complicaciones en las operaciones pueden presentarse en cualquier momento y solo el atenerse a los protocolos médicos puede justificar una decisión. El problema se da cuando existen varias opciones y se debe explicar por qué se eligió un tratamiento en lugar de otro. En estos procesos el dictamen de un perito médico especializado en la disciplina correspondiente al caso es fundamental para aclarar las dudas de los jueces. En este caso la acusación solicitó una pena de prisión de cuatro años así como de inhabilitación de cinco años.

Se interpuso querella por parte de los familiares de un paciente contra un médico especialista en Urología, por lesiones causadas tras la realización de una intervención endoscópica que consistía en resección transuretral de próstata bipolar y una cistolitotricia.

El paciente presentaba un cuadro de aumento de la glándula prostática, con un lóbulo medio con crecimiento endovesical que cerraba el cuello de la vejiga y, un cálculo vesical.

Durante la intervención se dio un perforación a nivel de cuello vesical, al resecar el lóbulo medio subtrigonal, con extravasado del líquido de irrigación -suero salino- a la cavidad extraperitoneal. De acuerdo con lo que resultaba indicado conforme a las normas médicas generalmente aceptadas, se decidió no continuar con la resección, colocar una sonda de lavado vesical y proceder al ingreso del paciente en la UCI. Se le pautaron diuréticos y se realizó una observación permanente por parte de los intensivistas. Tras varios días de convalecencia y mejora, por lo que se le trasladó aplanta, el paciente presentó un empeoramiento brusco multiorgánico y finalmente falleció.

La defensa del paciente argumentó que, en lugar de optar por esta solución, se debía haber realizado una laparatomía o una punción drenaje, que el consentimiento informado contemplaba. El doctor demandado expuso en su declaración que esta opción hubiera supuesto añadir un factor de riesgo elevado y no hubiera solucionado la acumulación de líquido retrovesical y extraperitoneal.

Las testificales establecieron que el paciente fue atendido en todo momento a lo largo de la estancia en la UCI y que se pasó a planta cuando mejoró y sobre todo se tuvo muy en cuenta la de la testifical del médico que ayudó al doctor en la intervención, quien expuso que se siguió el protocolo para estos casos.

Otra testifical importante fue la del anestesista que informó de que la intervención no tuvo incidencias hasta que se observó la perforación y que, como siempre en estos casos, se paró la operación sin que se diera ningún otro percance.

Ambos testigos corroboraron lo expuesto por el doctor y además la doctora de la UCI dejó claro que el paciente mejoró ya que se decidió trasladarlo a planta. La guinda la puso otro doctor cirujano que testificó ya que fue solicitada su opinión sobre el estado que presentaba el paciente quien confirmó que no era aconsejable intervenirlo nuevamente y que era más beneficioso utilizar medidas conservadoras.

La otra prueba con mayor peso para el juez en la sentencia fueron las periciales, tanto la del forense como las de parte. El forense, urólogo, dejó constancia de que el hecho de que se forzara la diuresis para comprobar si se eliminaba el líquido derivó en consecuencias más graves que las de una laparatomía, por lo que desde su punto de vista la perforación no se trató adecuadamente.

El perito de la defensa, del doctor, también urólogo, informó que si el extravasado es extraperitoneal, algo habitual en la cirugía prostática, dimana en un tratamiento conservador, que fue lo que hizo el doctor trasladando al paciente a la UCI con una sonda vesical. Además añadió que en estos casos la extravación retroperitoneal no conlleva solución quirúrgica ya que es complicado llegar al lugar de intervención mediante laparatomía. Por todo ello no había ningún reproche médico en la literatura médica al tratamiento conservador para la perforación del cuello vesical.

Todas estas pruebas inclinaron la balanza en favor del médico, quien vio reforzadas su decisión de optar por el tratamiento que dio a su paciente.